“Una democracia necesita un público informado y una clase política básicamente honrada. Puede agenciárselas sin una cosa o la otra, pero si pierde ambas, el experimento democrático está en peligro. Un público que poco sabe, salvo el desprecio a sus opositores, será vulnerable ante las más bizarras teorías de la conspiración… Y cuando los líderes explotan implacablemente esa ignorancia y animosidad, la república puede fracturarse”, escribe David French, abogado constitucionalista y columnista de The New York Times.
La columna trata sobre la “ignorancia cívica”, es decir, el desconocimiento de los fundamentos institucionales e históricos que sustentan un régimen democrático. Cuando los líderes e instituciones dejan de preocuparse por la verdad y el conocimiento, renuncian, también, a atemperar las consecuencias de la ignorancia cívica y los ciudadanos dejan de procurar su orientación o siguen la de cualquiera con suficiente arrojo para hacerse pasar por visionario.
A una persona sin formación cívica básica se le puede prometer, por ejemplo, un gobierno mediante referendo, aunque la Constitución Política limite el uso de la consulta popular. Si el líder captura su imaginación y logra nublarle la vista ante las advertencias de fuentes autorizadas, pasará años en espera del primer referendo, sin cuestionar siquiera por qué no se ha celebrado.
La desautorización de expertos y estudiosos es tan importante para el populismo como la identificación de los agravios, reales o percibidos, pero susceptibles de ser explotados para lograr la desconexión de las personas con la racionalidad y dejar sus emociones a flor de piel, donde es fácil manipularlas.
Nadie, salvo sus beneficiarios, aplaude las pensiones de lujo. Mucho se ha abusado de ellas contra el más elemental sentido de la justicia, pero se les ha limitado y existen barreras legales para limitarlas más. El justo enojo no admite esas razones y sospecha de quienes las esgrimen. Prefiere aferrarse a fantasías, como un referéndum expresamente prohibido en esa materia y, si no, unareforma constitucional que permita ese referéndum aunque sea más fácil alcanzar un venado. En su defecto, vamos a la Corte Interamericana, cuya jurisdicción se limita a la tutela de los derechos humanos.
¡Cualquier cosa menos renunciar a la ignorancia cívica, el escepticismo frente al conocimiento y el enojo! Es una razón de más para alarmarnos por el calamitoso estado de la educación nacional. Nunca hizo más falta.
agonzalez@nacion.com
Armando González es director de La Nación. Laboró en la revista Rumbo,La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de Redacción. Abogado por la Universidad de Costa Rica y máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.