Los elogios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los comicios costarricenses deben llenarnos de orgullo en medio de tantas y tan duras pruebas para la democracia en todo el planeta. La institucionalidad nacional ha demostrado su fortaleza ante cuestionamientos enraizados en tendencias autoritarias apenas disimuladas.
Por definición, toda institución de control del poder y resguardo de los derechos y libertades individuales es anatema para la mentalidad autoritaria. A falta de vías de hecho, afortunadamente vedadas en nuestro país, entre otras razones por la desmilitarización acogida el primero de diciembre de 1948, a los enemigos de la democracia liberal les queda el camino del desprestigio.
Ninguna entidad o proceso de fiscalización se salva de la arremetida. Todas estorban al desempeño autoritario del poder y, en una democracia, la principal institución de control es el sufragio. Mediante su ejercicio, la ciudadanía decide entre continuidad y cambio, censura el abuso y renueva su compromiso con la institucionalidad.
No sorprende, entonces, el ataque contra la autoridad electoral como elemento destacado del libreto populista-autoritario de cualquier signo, pues la fórmula no distingue entre izquierda o derecha. Es un recipiente donde caben contenidos de cualquier color, siempre predicados como alternativa “eficiente” al engorro de los contrapesos, incluido el sufragio. Desprestigiar a la autoridad electoral, a sus operadores y sus resultados es un objetivo central, tan importante como disminuir el papel de los tribunales y la prensa independiente.
Por eso la visita de los siete jueces de la Corte Interamericana al TSE para observar el escrutinio de los votos emitidos en las elecciones municipales del domingo y su valoración de nuestro sistema reviste especial importancia. Constataron las garantías para el sufragio y la presidenta de la Corte calificó el sistema nacional como uno de los más respetados en el mundo.
Conviene recordarlo en vista de las consecuencias de las campañas desatadas para sembrar desconfianza en otras naciones democráticas, también dotadas de garantías, pero con grandes sectores del electorado más vulnerables al discurso de deslegitimación promovido por dirigentes de corte autoritario. Mientras demos al TSE la confianza que merece, nuestro país permanecerá a salvo de traumas, como las invasiones de sedes legislativas en Washington y Brasilia.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.