Durante años, la Corte Suprema de Justicia tomó los fondos depositados en el Banco de Costa Rica por litigantes que luego abandonaron los procesos y los incorporó a su fondo de jubilaciones. La ley nunca lo previó ni hay un motivo lógico para trasladar el dinero a los jubilados de la Corte.
El mismo derecho tienen los pescadores artesanales o las juntas de educación. Más bien podría reconocérseles mejor derecho, porque las necesidades de esos grupos y organizaciones son mayores. Habría cientos de ejemplos por el estilo, pero solo el Poder Judicial tiene control del dinero.
Los fondos iban a dar al régimen de pensiones porque, como se suele decir, el que puede, puede. Eso no implica el agrado o la venia de quienes no pueden. Por eso la diputada Sandra Piszk, entonces defensora de los habitantes, presentó un recurso de amparo y la Sala IV, ante la fortaleza de sus razones, declaró inconstitucional la práctica de engrosar las pensiones de la Corte con dinero que no le pertenece.
La lógica es inobjetable. Lo raro fue la necesidad de hacer el trámite judicial. Dieciséis años más tarde, el dinero sigue ahí. Ahora suma ¢13.500 millones y como la Asamblea Legislativa no le ha dado un destino, nadie lo puede tocar. Piszk sugiere utilizarlo para financiar las pensiones del régimen no contributivo, cuyos beneficiarios son discapacitados y personas en condición de pobreza extrema.
Es un destino mucho más justo para el dinero, pero, en los cálculos actuariales presentados por la Universidad de Costa Rica a los legisladores encargados de reformar las jubilaciones de la Corte, los fondos aparecen como “ingresos adicionales” del sistema de pensiones.
Los actuarios de la universidad dicen haber incluido esos fondos en sus cálculos a petición del Poder Judicial, pero la institución niega haber hecho semejante solicitud. A los actuarios no los beneficia en nada y extraña la incorporación a sus estudios de dineros invisibles para quien esté fuera de la administración de la Corte.
En todo caso, señalado el problema por Piszk y la también diputada Marcela Guerrero, la única consecuencia es la duda sobre la validez del estudio, distorsionado por la consideración de dineros inexistentes. Ojalá los diputados entiendan que emplear esos fondos para financiar pensiones de privilegio es tan injusto como utilizar, para los mismos fines, dinero igualmente público del presupuesto nacional. En nombre de la solidaridad social, la colectividad debe dar un paso al frente para auxiliar a quienes más lo necesitan. Entre ellos no hay un solo empleado judicial.
Armando González es director de La Nación.