La discusión en torno a la reforma procesal laboral se ha venido planteando, con fines demagógicos, como una confrontación entre ricos y pobres, entre empresarios y asalariados. Es una falsa y peligrosa dicotomía. La legislación laboral admite mejoras y muchas de las más urgentes figuran en la legislación vetada por la presidenta Laura Chinchilla. Por eso, el veto fue parcial y se le aplicó únicamente a las disposiciones dañinas para la economía y también para los más necesitados.
La ampliación del derecho a la huelga en la nueva legislación es generalizada y excesiva. Aunque se aprueben las reformas ahora sometidas a conocimiento del Congreso, la huelga podrá ser declarada con el acuerdo de un puñado de trabajadores y será legal aun en servicios esenciales, pese a los paliativos propuestos en los últimos días.
Pero sabemos, por anticipado, dónde se ejercerán con mayor brío los nuevos derechos. El mismo día del levantamiento del veto a la reforma procesal laboral, la Unión Médica Nacional envió a La Nación un comunicado celebrando la decisión y ofreciendo números telefónicos por si los periodistas deseaban ahondar en los motivos de su alegría.
Al parecer, los sindicatos médicos se consideran genuinos representantes de un gremio desposeído. Para respaldar sus reivindicaciones sociales, contarán con nuevos y poderosos instrumentos de ley. El mantenimiento de servicios mínimos en el área de la salud quizá garantice que nadie muera el día de la huelga, pero muchos pacientes sufrirán la posposición de sus citas. Entre ellos habrá muy pocos empresarios.
Gran parte de los servicios esenciales los prestan empleados públicos privilegiados con regímenes salariales y beneficios imposibles de sostener en la empresa privada. Como lo hemos venido atestiguando, esas ventajas tampoco podrán ser sufragadas, por mucho tiempo más, en el Estado.
Entre esos funcionarios y los pobres de este país hay una brecha enorme, en buena medida financiada por los más necesitados. Pero serán ellos, no los pobres, quienes echen mano de los nuevos medios de presión para conservar sus ventajas o, simplemente, frenar proyectos necesarios para impulsar el desarrollo y crear empleo.
Los afectados, los más afectados, no son los costarricenses capaces de costear la atención médica privada o poseedores de recursos suficientes para sobrellevar los efectos de otras huelgas, sino, precisamente, los más necesitados.