La nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a los jefes de fracción abstenerse de debilitar la regla fiscal, clave de los buenos resultados de las finanzas públicas. La norma aprieta por todos los lados y en todos tiene enemigos. Hay aspectos puntuales cuya revisión podría proporcionarle la flexibilidad necesaria para aumentar su resistencia a los embates de la política, pero el Congreso tiene entre manos iniciativas capaces de convertirla en letra muerta.
A instancias del Ejecutivo, los diputados impulsan un proyecto de ley para eximir de la regla a una veintena de instituciones, como la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuyos ingresos no dependen del Gobierno Central.
Cada caso amerita un estudio individual capaz de responder para qué. Señalar el origen de los fondos no basta porque, a fin de cuentas, son públicos. Si Recope los obtiene de la explotación de su monopolio, no queda por ese motivo facultada para desperdiciarlos, por ejemplo, en beneficios abusivos concedidos a sus empleados a lo largo de la historia. Si el AyA va a invertir en urgentes mejoras de la infraestructura, bendita sea le exención. De paso, valdría la pena revisar si el agua no es demasiado barata en un país necesitado de mejorar el abastecimiento y tratar las aguas servidas antes de verterlas a los ríos.
Entre las instituciones eximidas hay varias necesitadas de mayor control, no menos. Atribuir ingresos independientes a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) es un ejercicio de humor si recordamos los frecuentes salvamentos multimillonarios aprobados por el Congreso. La Fábrica Nacional de Licores, por su parte, es un lastre amarrado al cuello del Consejo Nacional de Producción, de todas formas muy alejado de ser un ejemplo de inversión eficaz de los recursos públicos.
En su momento, a las municipalidades las eximieron con idéntico argumento. La regla solo se aplica a los giros del gobierno, pero no a los ingresos propios. Esos ingresos llegan por distintas vías, pero salen de los mismos bolsillos, y muchas municipalidades aprovecharon la exención para invertirlos en gasto corriente, es decir, pago de salarios, servicios, transferencias e intereses.
Consideración aparte merece la pretensión de excluir también los intereses de la deuda pública y el gasto de capital. Esa sería la derogatoria de la regla fiscal y el regreso al sendero de la crisis que todavía no hemos dejado atrás.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.