El relator especial de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, calificó los bochornosos hechos de la empresa SYR como la “punta del iceberg” del problema en Costa Rica. Podemos reaccionar ofendidos y calificar los sucesos como un incidente aislado. Podemos intentar eximirnos apuntando al origen foráneo de los empresarios. Podemos alegar la existencia de abusos en todas las naciones del planeta, incluidas las más desarrolladas. Podríamos, mejor, prestar atención y atender el llamado.
No se trata de un incidente aislado. Como bien dijo el relator, la mayoría de los casos de abuso y explotación permanecen ocultos en comercios, fábricas, empresas agrícolas y casas de habitación. Además, la prensa ha dado cuenta de infinidad de injusticias y las autoridades han intervenido para proteger a las víctimas.
La xenofobia tampoco nos salva. En la mayoría de los casos documentados, los victimarios son nacionales y, en muchas oportunidades, las víctimas son extranjeras, especialmente vulnerables por su condición migratoria irregular, limitaciones económicas y falta de redes de apoyo constituidas por familiares y amigos. En plena pandemia, las autoridades clausuraron decenas de empresas agrícolas en el norte del país. Muchas operaban sin permiso sanitario, con migrantes irregulares sometidos a pésimas condiciones de vida y trabajo.
En efecto, las formas contemporáneas de esclavitud y explotación están presentes en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en 50 millones las personas sometidas a relaciones de esa naturaleza, y una serie de estudios calculan en 400.000 los casos estadounidenses, para citar un ejemplo emblemático del mundo desarrollado. Pero el mal de muchos es consuelo de tontos, y a los costarricenses nos corresponde velar por lo que sucede en el territorio sobre el cual ejercemos soberanía.
Por todas esas razones, la mejor reacción frente a las declaraciones del relator es atenderlas con toda la vocación nacional de defensa de los derechos humanos. La indignación suscitada por lo ocurrido en las tiendas SYR y las declaraciones del relator deben constituirse en acicate para los esfuerzos de erradicación del abuso. Perder el tiempo en la búsqueda de excusas o comparaciones halagüeñas no le hace honor al legítimo compromiso del país con sus altos ideales. Costa Rica seguramente está entre los mejores, pero merece todavía más.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.