El emprendimiento de nuevos proyectos implica riesgos. Quien empieza un proyecto, nunca tiene certeza de los imprevistos que encontrará en el camino, ni de cómo terminará.
El emprendedor sabe que corre riesgos, pero entiende que, si hace bien las cosas, es posible llegar a tener una gran retribución al final. Esa es la motivación que hace surgir las innovaciones. Quien emprende algo nuevo, guarda la esperanza de que, al final del camino, puede llegar a tener un resultado que lo distinguirá de los demás.
Pero esa esperanza puede que nunca se convierta en realidad. Los obstáculos por salvar durante el desarrollo pueden ser insuperables. Los costos de iniciar algo nuevo y diferente pueden agotar los recursos disponibles del emprendedor.
El tiempo también puede juegar en contra y llevar el proyecto al fracaso. De ahí que muchos emprendedores terminan perdiendo mucho tiempo y dinero sin lograr su cometido. “C’est la vie”, dirían los franceses.
Pero así no es la vida para el sector público. En este también existen riesgos al momento de emprender un nuevo proyecto. Para ello se lleva a cabo un proceso de planeamiento y de presupuesto, con el fin de determinar si el plan es viable o no.
En el camino, sin embargo, siempre surgen imprevistos. Los ingresos podrían ser inferiores a lo calculado y los gastos, mayores.
La diferencia con los emprendimientos privados es que, si al final el proyecto público fracasa, lo pagamos todos los ciudadanos, sin que haya castigo para los funcionarios que tomaron decisiones erróneas.
Sirva de ejemplo lo que le sucede actualmente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La Contraloría advierte que la CNFL está a punto de la quiebra. El proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, cuyo costo inicial era de $93 millones, pasó a costar $327 millones.
Tremendo error de planeación y ejecución. Alguien debería haber detenido el avance cuando se dio cuenta de que los costos “imprevistos” se disparaban de manera significativa. Pero eso no sucedió.
Parece que dentro del sector público existe la noción de que la billetera del Estado es infinita, que, de por sí, las tarifas de servicios públicos siempre son ajustables o es posible cobrar más impuestos para esconder los errores. Cuando las cosas son de todos, no hay quien las cuide.
Queda por ver cómo reaccionará la Aresep ante esta situación. Y queda por ver, también, qué hará el gobierno para pedir cuentas a los funcionarios que cometieron los tremendos errores.