La ley para eximir a las municipalidades de la regla fiscal es iniciativa del Partido Liberación Nacional. Su autora es la congresista María José Corrales y sus principales impulsores son los alcaldes liberacionistas. El gobierno cometió la irresponsabilidad de enviarla a conocimiento del Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Ahora, que tanto pesó en la rebaja de la calificación soberana de Costa Rica, es oportuno recordar a quiénes debemos esa contribución a la sangría de millones en intereses exigidos por el mercado internacional para compensar el riesgo de prestar dinero a un país como el nuestro, muy demorado para adoptar restricciones al gasto y muy expedito para encontrar exenciones.
Cuánto presionó Liberación al gobierno y cuánto quiso el gobierno dejarse presionar es difícil saberlo, pero nadie quiso comprarse el pleito con los alcaldes, y cuando el proyecto llegó a segundo debate ya tenía apoyo de 41 diputados. El PLN logró arrastrar al gobierno, que en el imaginario de muchos se apropió de la “torta”, y a buena cantidad de diputados de las demás fracciones.
Ningún efecto surtieron las súplicas de la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, una pléyade de economistas y otros sectores. En la política fiscal de este país, los alcaldes mandan. Nunca aceptaron la regla fiscal, con el peregrino argumento de que sus recursos son “propios”, salvo las transferencias del Gobierno Central.
La exención concedida a las municipalidades no fue la única ni la principal causa de la rebaja en la calificación, pero su influencia está más allá de toda duda. “La señal negativa enviada por estos acontecimientos —más que su impacto presupuestario directo— pesa sobre la calificación”, dice Standard & Poor’s al comentar la desafortunada ley y la consiguiente renuncia de Rodrigo Chaves.
Tampoco hay duda de que los diputados supieran adónde conducirían sus decisiones. A las calificadas advertencias de Hacienda, la Contraloría y el Banco Central, La Nación sumó la suya en el editorial del 13 de mayo, seis días antes de la aprobación de la ley: “Las municipalidades no son ajenas a los problemas del gasto público ni verdaderas productoras de ‘ingresos propios’. Eximirlas de la regla aplicable a toda la Administración Pública resta credibilidad a la reforma fiscal y pone al país en entredicho ante los mercados financieros y las calificadoras de crédito, que siguen rebajándonos el puntaje”.