“Maraña de trámites entraba becas para alumnos pobres”. Este titular de La Nación , de ayer, es un pan cotidiano en la prensa nacional y en informaciones oficiales, que refleja con crudeza la ineficiencia del Estado.
Hasta aquí la noticia pareciera inocua. El problema es que se trata de las becas que el Estado debe proporcionar a los estudiantes con eficiencia y sin retraso alguno, pues, si no, se genera un serio daño moral a los estudiantes y, por el número de afectados (70.000 hasta mayo pasado), a todo el sistema educativo. Estos incumplimientos, en cuanto a las prestaciones sociales del Estado, son, al parecer, moneda de curso corriente en las relaciones entre aquel y los beneficiarios.
El relato periodístico, además, sobre estas deficiencias en materia tan delicada como la educación, concretamente, sobre las becas de los estudiantes, no dice bien de esta responsabilidad esencial del Estado y de los funcionarios encargados de cumplirla. No solo se reitera una falla grave en la observancia de un deber básico, sino que, pese a las denuncias habidas, las rectificaciones no llegan a tiempo.
En la información de ayer, relativa a esta inobservancia, aparece una lista de omisiones desde setiembre del 2004 a mayo del 2013, como si fueran la cosa más natural del mundo. Todos estos datos vienen acompañados de las quejas de los padres de familia y de los propios estudiantes, que contemplan con estupor cómo pasa el tiempo, las denuncias se acumulan y no aparecen las soluciones prontas y cumplidas, como si las víctimas, “los alumnos pobres” y sus padres, fueran ciudadanos de tercera clase y como si la educación no fuese, en el discurso político nacional, timbre de gloria nacional. ¡Un doble discurso a todas luces inconveniente!
En el reportaje publicado ayer abundan los pretextos sobre las causas reales de estos atrasos. “Esta no es la primera vez –apunta la información del periódico– que Fonabe falla; de hecho, los problemas han sido recurrentes en la última década y por causas variadas”, y aunque, ahora, de nuevo se enuncian dichas causales, nadie se explica por qué en más de 10 años no se han extirpado, al punto que la presidenta Chinchilla expresó, en la inauguración del curso lectivo, el 6 de febrero pasado, que “Fonabe no nos puede fallar este año”.
Pareciera que la solución no se encuentra en la sección administrativa por falta de una ley apropiada. Pero, la reforma legal, como dice el reportaje, ¿logrará el milagro de tantos años de atraso? ¿Por qué, como en otros casos, ha pasado el tiempo y proliferado las denuncias, y las soluciones tardan? Tramitomanía, pobreza y educación…