El Presupuesto para el 2014 me causó una triple impresión: asombro, grima y desazón. Asombro, por el abismal monto involucrado: ¢6,6 billones (o más); grima, por el punzante el déficit fiscal: 6,2% del PIB; y desazón porque, en vez de mejorar, vamos a pique.
¿Habrá que señalar responsables? Sí, claro. Hablamos de la cosa pública –el bien común–, no de un desbarajuste privado. El PUSC, PLN y los grupos de presión, incluyendo a empresarios y sindicatos, son responsables por no haber permitido en el pasado recortar gastos, hacer más justa la estructura tributaria, ni reformar el Estado.
Después de un leve superávit en el 2009, el desbalance irrumpió con fuerza por la conjunción de dos factores: la crisis económica internacional, que hizo caer el PIB y la recolección en el país, y la mala visión del expresidente Arias al incrementar planilla y salarios (gastos corrientes), en vez de estimular la producción con infraestructura. También contribuyó Doryan con similares medidas en la CCSS. Ninguno de los dos quiso hacer la reforma del Estado y sus instituciones.
Doña Laura no recibió la mesa servida. Pero tampoco supo contener sus presupuestos ni los disparadores del gasto, sobre todo salarios y pluses en el sector público, donde se limitó a nombrar una disfuncional comisión para esquivar el bulto. Tampoco optó por la reforma del Estado. Aunque le reconozco su iniciativa por reformar los tributos (malograda por la incompetencia procesal de sus propios diputados), después de que la Sala IV les señaló los errores, tiró la toalla. Decidió financiar el gasto con endeudamiento externo (asesorada por economistas duchos en parquear el déficit en espacios alternativos, y con la aprobación ingenua de diputados de oposición), y se limitó a hacer nuevas comisiones para hacer rodar la bola: primero, la de Notables, cuya mayoría omitió el problema fiscal, y la encargada al Ministro Ayales de rejuntar ideas y desechos para traspasárselos al sucesor.
¿Adónde vamos? Veremos en el futuro incrementos de las tasas de interés y estrujamiento del crédito al sector privado (una vez agotado el financiamiento externo: eurobonos); aumento de la deuda pública total, que ya sobrepasa el 50% del PIB; eventual recalificación del riesgo país; dificultad para financiar la infraestructura tan venida a menos; traslación de recursos de los que menos tienen (receptores de programas sociales) a los más acaudalados (tenedores de bonos); e incumplimiento de las leyes que impiden financiar el gasto corriente con endeudamiento, en clara violación del precepto constitucional de equilibrio presupuestario. ¡Pobre de quien deba gobernar en el futuro!