Los controles son temidos, desafiados y desacreditados por los gobernantes cuando la fiscalización se les convierte en un obstáculo para hacer lo que les venga en gana, a sabiendas de que se originan en leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa como resultado de un proceso democrático para ser cumplidas por todos, incluidos ellos.
Si los costarricenses logramos y acogimos a lo largo de los últimos 75 años la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y hasta el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, entre otros organismos supervisores, hoy vilipendiados por los inquilinos del Ejecutivo, es porque se consideró vital vigilar los actos electorales, el uso del dinero público, la construcción vial, los servicios públicos y el respeto de los derechos en cada administración.
El porqué es simple: la ausencia de controles es terreno fértil para la corrupción, abuso del poder y falta de rendición de cuentas. Por tal razón, es incomprensible que el mandatario Rodrigo Chaves y sus subordinados, quienes ante cámaras se rasgan las vestiduras para cuestionar lo que les huele mal, se resistan a la supervisión y a respetar la jerarquía que por ley tienen los magistrados judiciales y electorales, la contralora y los técnicos.
El ego no puede prevalecer sobre el imperio de la ley. Las normas se cumplen porque la institucionalidad obliga a todos a acatarlas. Menos se puede hacer tan notoria la ignorancia de las regulaciones, al punto que la contralora Marta Acosta deba salir como Niña Pochita a explicarles cómo operan las leyes.
Es necesario recordar a Rodrigo Chaves las palabras con que debutó como presidente el 8 de mayo del 2022, cuando declaró falso el discurso de que Costa Rica es ingobernable. Sin embargo, ahora, quiere colocar sobre la mesa la excusa de la ingobernabilidad, pese a que lo cierto es que el asunto es sencillo: deben enterarse de qué ordenan las leyes, y respetarlas. Si no les gusta, pueden acudir a los tribunales, como lo hace cualquier ciudadano cuando considera que le violan un derecho.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación.