La decisión tomada por la administración Chaves de sepultar el proyecto del tren eléctrico metropolitano amenaza con enviar al País del Nunca Jamás el viejo sueño de contar con un ferrocarril moderno y eficiente.
Era un secreto a voces que la iniciativa impulsada por el anterior gobierno para conectar 15 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) no iba a sobrevivir mucho tiempo después del traspaso de poderes.
Sin embargo, no deja de sorprender la pobreza de los argumentos dados por las nuevas autoridades para descarrilar un proyecto que ya estaba avanzado, en la etapa de precalificación de empresas.
Pero causa todavía más extrañeza el hecho de que el Poder Ejecutivo decidiera desempolvar una propuesta elaborada en el período de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y que estaba engavetada desde hacía tiempo.
Se trata del plan para construir un tren rápido de pasajeros en la GAM, cuyo estudio de prefactibilidad fue terminado en noviembre del 2016 y cuyo estudio final de factibilidad nunca se hizo.
Mario Arce, presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), alega que la ventaja de este sistema es que no generaría presas ni segregación urbana porque la mayoría de su trayecto sería elevado.
En efecto, el abortado proyecto del tren eléctrico metropolitano se inclinaba por construir pasos elevados o subterráneos en los cruces viales más transitados con el objetivo de reducir costos para el concesionario y el Estado.
No obstante, el retomar una propuesta que necesariamente resultará mucho más cara despierta una serie de dudas sobre las posibilidades reales de que algún día se llegue a concretar.
En primer lugar, habrá que actualizar los estudios técnicos sobre demanda, costos, rentabilidad e impacto ambiental. Las experiencias previas hacen pensar que el proceso tomará bastante tiempo.
Una vez actualizados los grandes números, habrá que ver si las golpeadas finanzas del Estado estarán en capacidad de hacer algún aporte para reducir el costo de la obra y subsidiar las tarifas que pagarán los pasajeros.
Al final, si no es posible concesionar la operación del tren o el gobierno por alguna extraña razón pierde interés en él, la iniciativa podría pasar a engrosar la lista de proyectos condenados a quedarse por siempre en el papel.