El programa Puente al Desarrollo de la administración Solís es una copia deficiente de un plan chileno cuyos resultados son, de por sí, ambiguos.
La semana pasada, señalaba que los planes estatales para combatir la pobreza sufren de un problema de incentivos. Por un lado, a los políticos y a los burócratas les gusta presentar como un logro que cada año más gente reciba asistencia estatal, no menos. Por el otro, las ayudas tienden a generar dependencia en quienes las reciben, con el efecto de que terminan mitigando los síntomas de la pobreza, pero no reduciéndola.
Para romper este ciclo, se han introducido las transferencias condicionadas. Puente al Desarrollo, por ejemplo, requiere que los beneficiarios desarrollen capacidades que mejoren su empleabilidad. A través de “cogestores” se les dará seguimiento a esas familias.
El plan es básicamente una réplica de Chile Solidario, creado en el 2004, con una diferencia muy importante: el programa chileno introduce la gradualidad en el retiro de la ayuda, la cual caduca a los 24 meses con un “bono de egreso”. El objetivo consiste en no fomentar la dependencia.
Puente al Desarrollo también dura dos años, pero establece que, luego de ese período, se deja “conectadas” a las familias con las instituciones estatales para que sigan recibiendo beneficios.
Y aun cuando Chile Solidario limita la duración de la ayuda, su eficacia es dudosa.
Un estudio reciente del Instituto Libertad y Desarrollo analizó este y otros programas condicionados en Chile y encontró que “tienen un efecto negativo para el trabajo formal”. Además, que esto “eventualmente puede afectar la capacidad de generar ingresos de estas familias (…) generándose un mayor nivel de dependencia a las transferencias provenientes del Estado”. Tener un trabajo o realizar un emprendimiento es la vía más segura para abandonar la pobreza, y si estos programas impactan negativamente su consecución, resultan contraproducentes.
El problema consiste en creer que es posible reducir la pobreza de manera sostenida mediante el asistencialismo estatal. La evidencia es contundente en que el mejor programa antipobreza es una economía con alto crecimiento, baja inflación y una fuerte generación de empleo, preferiblemente formal. Costa Rica ha carecido de la combinación de estos tres factores en las últimas décadas. De ahí que la pobreza se mantenga en un nivel similar al de 1993.