La fracción oficialista y sus habituales aliados del Partido Nueva República se oponen a prorrogar el plazo de la comisión investigadora del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Su interés es evidente, vistas las consecuencias de las revelaciones surgidas de la labor del grupo de diputados. Es más difícil entender la oposición del Partido Liberal Progresista, sobre todo, después de las manifestaciones de su jefe de fracción, Eliécer Feinzaig, en defensa de la libertad de expresión y la institucionalidad democrática.
La principal función de la comisión es, precisamente, la defensa de esos principios, en cuya ausencia no hay democracia. No se trata de develar actos de corrupción, aunque hemos visto a un contratista redactar los términos de un concurso ganado por su propia empresa. La misión tampoco es establecer la falta de probidad en contrataciones del Estado, aunque se haya revelado la designación como proveedor del mismo asesor presidencial por orden del ex presidente ejecutivo del Sinart.
Son revelaciones importantes, tanto como el interés presidencial por el resultado del concurso ganado por su asesor y la participación de otro en las tareas contratadas, así como la inversión de pauta estatal contra el criterio técnico de los expertos y en detrimento de los intereses institucionales.
Muchos de esos asuntos serán dilucidados en procesos penales, pero no importa cuán fundamental sea la rendición de cuentas por el presunto manejo ímprobo de fondos públicos, interesa más el posible uso de dinero de los costarricenses para distorsionar el debate público y cantar alabanzas inmerecidas a los gobernantes por boca de corifeos agradecidos por la pauta publicitaria del Estado.
El caso Sinart y la labor de la comisión demuestran lo fácil que sería obtener ese resultado, ya no mediante la programación del sistema, cuya audiencia es ínfima, sino con el manejo de una catarata de millones por su agencia de publicidad, de todas formas carente de los recursos necesarios para brindar verdaderos servicios de agencia.
Comete un grave error el diputado Feinzaig si no comprende la importancia de la comisión para la defensa de la libertad de expresión y la institucionalidad democrática. Ninguna de las dos tiene garantizada la supervivencia si los recursos del Estado se canalizan hacia la creación de una red de medios de comunicación amigables y el castigo constante a los que no lo son. Impedirlo, ahora y en el futuro, bien merece un esfuerzo prolongado del Congreso.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.