Todavía no entra en vigor, pero ya hay un intento de aplazarla por dos años. Es parte fundamental de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno ya convocó un supuesto diálogo nacional para modificarla. Promete ayudar a mantener el país en el sendero de la recuperación fiscal, pero eso exige disciplina y en la clase política escasea.
La Ley Marco de Empleo Público es una camisa de fuerza, como la regla fiscal, y nunca será del agrado de quienes deban vestirla. Impide repartir beneficios como lo hicieron antaño los responsables de las crisis de la actualidad. La iniciativa para posponer su vigencia tiene poco apoyo y se tramita contra el tiempo, porque la norma entrará a regir el 10 de marzo, pero del “diálogo” podemos esperar solo su debilitamiento.
El debate ya se produjo con mucho sacrificio y crispación. Las consultas de constitucionalidad y las enmiendas practicadas a partir de ellas descartaron defectos fundamentales. Si hay otros, la reforma debe practicarse en la Asamblea Legislativa. Ese es el foro apropiado en una república democrática, y no el conjunto de intereses creados convocados por el Ejecutivo.
El Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las municipalidades, los rectores de las universidades públicas, los sindicatos y otros representantes de los funcionarios ya externaron sus opiniones a lo largo del debate y el “diálogo” solo constituirá una nueva oportunidad para imponerlas. Tampoco se puede esperar otra cosa de los jefes de unidades de recursos humanos de instituciones del sector público central y descentralizado.
La lista de convocados se completa con los jefes de las fracciones del Congreso. Con su presencia, esos diputados legitimarían el proceso legislativo paralelo y podrían verse comprometidos a respaldar los cambios. Fracciones como la del Frente Amplio y Progreso Social Democrático asistirán sin reservas. La primera por fidelidad a su línea histórica y la segunda, por lealtad al gobierno.
La pregunta es si los diputados comprometidos con la salud fiscal atenderán a la prudencia, rehusarán participar y esperarán la propuesta de los interesados en retroceder a la era de los pluses y privilegios.Para comenzar, la administración adelantó su deseo de alterar el salario único para sumarle el salario escolar. Esa medida ya es augurio de los frutos del diálogo propuesto para retroceder hasta donde la irresponsabilidad lo permita.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.