La calificación de riesgo del país mejoró gracias a la mesura en el gasto público impuesta en la reforma fiscal aprobada en el 2018, ley que contuvo la expansión del gasto al establecer límites rigurosos al sector público, con algunas excepciones, como los gobiernos locales, el ICE y las universidades.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas creó el impuesto sobre el valor agregado, aplicable a la venta de bienes y servicios, independientemente del medio por el que sean prestados.
Los ingresos del gobierno crecieron, pero se aplanaron en el 2023, con gran preocupación, para reducir el endeudamiento público y cumplir en el futuro con el FMI, salvo que se tomen nuevas medidas para incrementar los ingresos o contraer gastos y no inversiones.
Lo que requiere el sector público es agilidad que se traduzca en productividad, que solo es posible con estrictas mediciones de metas y asignación de prioridades. No podemos seguir endeudándonos para construir obras de infraestructura, hay que promover el ahorro y la eficiencia.
Tenemos que mejorar la estructura del gasto, cumplir la ley de empleo público, fijar prioridades y objetivos a largo plazo. No se vale no ser rigurosos en la medición de la productividad, la austeridad y las reformas estructurales a programas claves.
Todo parece indicar que el 2023 terminó con un crecimiento superior al 5 %, y es de esperar un 4 % o más en el 2024, impulsado fuertemente por las zonas francas, y un repunte en el crecimiento del sector productivo (régimen definitivo), que, a excepción de la construcción, las actividades profesionales y la manufactura, crece poco y, por ende, la cantidad de personas ocupadas se viene reduciendo desde setiembre del 2022.
Estamos desfasados en la generación de empleo, ya que no hemos podido ofrecer los profesionales o técnicos que requiere la nueva economía. La demanda exige habilidades blandas, matemáticas, ciencias e inglés.
No puede ser que ni las universidades públicas ni las privadas se estén esforzando por graduar profesionales bilingües. Es preocupante que solo el 21 % de los centros educativos públicos reciban un segundo idioma, después de 26 años de haber anunciado el MEP que lo incorporaría desde preescolar para obtener resultados del potencial natural de los niños.
Educación técnica
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cuenta con recursos aportados por empleados y patronos, pero no ofrece programas cortos y competitivos a fin de proveer los conocimientos técnicos que requiere la nueva economía.
Se suponía que la ley de fortalecimiento de la formación profesional iba a beneficiar la empleabilidad, pero habrá que esperar y analizar los cambios planteados por la Sala Constitucional después de las demandas del sindicato.
Nuestra triste realidad es que más de 200.000 ciudadanos no encuentran empleo por falta de habilidades, y las poblaciones más vulnerables son las más afectadas. Adicionalmente, 800.000 personas laboran en la informalidad.
Requerimos un INA con más carreras técnicas. Hay que agilizar todas las instituciones educativas para que tengan mecanismos expeditos para generar las nuevas competencias.
Paralelamente a la transformación del INA, es necesario fortalecer la educación dual, programa que debe ampliarse, publicarse, impulsarse y fortalecerse entre el INA, el sector productivo y el Ministerio de Educación Pública.
La combinación educativa y la práctica laboral de los educandos incrementará las oportunidades de trabajo. Los centros educativos con esta modalidad tienen la posibilidad de un apoyo extra para transporte, vestimenta y alimentación.
Cambios urgentes
La baja calidad de la educación ensancha la brecha social y origina violencia. Las bandas del narcotráfico se alimentan de estudiantes que no terminan su formación y han perdido la esperanza.
Si queremos paz, deberíamos preocuparnos por la mejora de la educación y el empleo. Hay que invertir en programas sociales y revertir la ola de violencia que vivimos.
Tenemos que educar a nuestra juventud sobre el daño que causa el consumo de drogas. Mas inversión en cárceles, policía, armas, tecnología, drones, cámaras, capacitación de seguridad, equipamiento y capacitación son claves, pero no es una solución sostenible.
No podemos reducir los recursos y la productividad de los programas sociales. Hay más de 400.000 hogares en pobreza y 1,4 millones de pobres. La pobreza no cede ante la falta de educación y trabajo.
La inversión social no debe reducirse, todo lo contrario, el gobierno debe fortalecerla. Las diferencias de clases deben acortarse si queremos paz social. El crecimiento económico es importante, pero también lo es proveer empleo y hacer los cambios estructurales para crearlo.
Hay que reducir las desigualdades en educación, salud, empleo, vivienda y servicios básicos. No podemos sentirnos satisfechos con el crecimiento macro de la economía, lo fundamental es que el crecimiento tenga un efecto multiplicador para todos, en la totalidad de los rincones de Costa Rica.
El gobierno controló la inflación y los números macro se ven bien, pero ahora debemos trabajar como sociedad para fortalecer los programas sociales y, primordialmente, la educación.
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El autor es ingeniero.