Hay cambios que el país no debiera posponer. En el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se señalan los necesarios en educación, fiscalidad, gasto público, endeudamiento, productividad, informalidad, digitalización, gobernanza, protección social, brechas de género, sistema de pensiones y huella de carbono.
Es preocupante que se sigan posponiendo y nadie se responsabilice, aunque son los mismos problemas que durante años se han discutido sin que se produzcan avances.
Estamos empantanados, y cada nuevo gobierno establece sus propias metas a corto plazo, pero nadie da cuentas por las de largo plazo. Cada año, Costa Rica se endeuda más sin lograr incidir en cuestiones estructurales. Se pierde el tiempo en discusiones estériles y al final no pasa nada. En los campos educativo y tecnológico, las transformaciones requeridas no se concretan debido a cobardía política e indecisión, mientras otros países toman la delantera.
No es lógico que después de evaluar la trascendencia de la tecnología 5G para aumentar la velocidad de transmisión de datos, eficiencia, cobertura y productividad no actuemos. La Sutel tiene los estudios de mercado y las evaluaciones técnicas para seguir adelante con un proyecto prioritario, en especial para un país que vende tecnología y servicios, y al que le urge competir en el mercado internacional basado en productividad.
La falta de claridad acerca de cuáles son las medidas impostergables nos causa un daño casi irreparable en lo concerniente a competitividad. Si queremos reactivar la economía para incrementar la inversión y crear empleos, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) debe actuar para disponer de las infraestructuras digitales más avanzadas.
No podemos esperar dos años en el proceso de recepción y más evaluaciones. Hay que actuar con celeridad y comprometerse a cumplir con una tarea que debió ver la luz hace décadas. Existen más de 22 redes 5G en América Latina y se calcula que los retrasos de la liberación del espectro del ancho de banda nos está costando entre un 7 y un 10 % del PIB.
Es preocupante, por otra parte, que teniendo Sutel los recursos para dar conectividad a prácticamente las 4.500 escuelas públicas apenas estén conectados a banda ancha 500 centros educativos, lo que afecta al estudiantado más vulnerable.
El proyecto debió haberse terminado en menos de 18 meses, pero no hubo voluntad política, nadie exige resultados, y la pobreza y desigualdad social aumentan. Lo increíble es que todavía no haya una ruta clara ni se sepa quién va a terminar de ejecutar tan vital proyecto. La burocracia está poniéndose de acuerdo entre la Sutel, el ICE, Fonatel, el MEP y la Fundación Omar Dengo sobre cuál institución asumirá la responsabilidad de terminarlo en tiempo, calidad y costo.
No puede ser tampoco que 800 centros educativos tengan órdenes sanitarias y el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Infraestructura Educativa no conozcan cuál es el verdadero problema, ya que no hay una actualización de planos, presupuesto y ruta.
Las órdenes sanitarias llevan años, y aunque el Ministerio de Salud sigue visitando escuelas y colegios, no hay números certeros sobre la realidad. Es muy triste ver las condiciones en que se encuentran muchas escuelas públicas, a pesar de que cuentan con recursos. Es un hecho que no lograremos mejorar la calidad de la educación si no tenemos las plantas físicas mínimas para que los estudiantes reciban clases. El MEP habla de un presupuesto de ¢300.000 millones; sin embargo, carece de una unidad ejecutora para garantizar las prioridades, la transparencia y la eficacia.
Estamos atrapados por el MEP. ¿Es con esta estructura burocrática que podremos salir de la triste realidad de nuestra educación pública? Es impresionante la gigantesca organización del MEP, y ningún político quiere cambiarla por temor a los sindicatos, representantes de la mayor masa de votantes.
Estamos atrapados, y lo peor es que vamos hacia atrás en las pruebas PISA y a nadie le preocupa. En el MEP, coexisten diferentes estructuras de mando y los resultados empeoran cada vez más.
El MEP tiene una carga de reprocesos y múltiples sistemas desperdigados y al final es imposible exigir resultados. Esto, sin hablar de los serios problemas de los comedores, los subsidios para transporte, los implementos educativos, el débil ambiente de control de las complejas juntas de educación que administran más de ¢200.000 millones al año.
Tenemos que hacer una reforma integral al MEP, las juntas de educación y al Consejo Superior de Educación. No es con más recursos, sino mediante un cambio de modelo. Con la estructura del MEP, jamás mejorará la calidad de la educación, esencial para superar nuestra triste realidad social. Posponer el debate de la reestructuración es condenarnos a la desigualdad y la pobreza.
jorge.woodbridge@icloud.com
El autor es ingeniero.