En la asamblea “constituyente” de Venezuela todo es armonía. El cuerpo legislador, establecido al margen de la Constitución Política, ni siquiera vota. Los asuntos más graves se aprueban por aclamación. Tanto consenso no exige debate previo. Todos están de acuerdo en lo fundamental: la preservación del chavismo, en cuya ausencia buena parte de los “constituyentes” se verían obligados a rendir cuentas.
A puro aplauso, los “constituyentes” decidieron legislar durante dos años, más allá del término del periodo presidencial de Nicolás Maduro. El mismo ruido decidió la destitución de la fiscala general Luisa Ortega, durante años aliada del régimen y ahora una de sus más frecuentes críticas. Según Maduro, la medida se justifica porque la funcionaria “mintió” al formular acusaciones contra el obsecuente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En las repúblicas democráticas, esas cosas las deciden los tribunales, pero Maduro no necesita los engorros del proceso judicial contradictorio ni observar sus reglas sobre la prueba para establecer la mendacidad de Ortega y estimarla causa suficiente de una destitución. El consenso de la asamblea, al cual se suma el Ejecutivo, basta y sobra para sustituir la formalidad judicial.
A Ortega no le iría mejor en las Cortes. El TSJ también participa del acuerdo y si algún juez se sale del canasto, mejor prepara las maletas. La comunión de opiniones se expande con rapidez. Tras la destitución de Ortega, la propia Fiscalía suscribe el consenso de la mano de su sustituto, Tarek William Saab.
El nuevo fiscal, tan espurio como la constituyente y el Ejecutivo cuyo mandato no habría resistido el referendo revocatorio previsto por la Constitución, dio sobradas pruebas de lealtad al acuerdo chavista durante su ejercicio del cargo de defensor de los habitantes, una verdadera ironía.
El sustituto de Saab en la Defensoría sin duda formará parte del consenso, tanto como la folclórica Tibisay Lucena, presidenta del supuesto Consejo Nacional Electoral que, sin el menor escrúpulo, celebró los comicios para elegir a una “constituyente” sin fundamento constitucional alguno.
Tanto consenso en los órganos del Estado –con excepción del único legítimo, la Asamblea Nacional elegida por el pueblo en diciembre del 2015– se llama dictadura. Es hora de aplicarle el término, como lo hizo Luis Almagro, secretario general de la OEA, cuando vaticinó que la dictadura será barrida por el pueblo.
Armando González es director de La Nación.