En una parodia de procedimiento, los directores del Banco Nacional sancionaron al gerente general, no por utilizar fondos públicos para presionar a La Nación, sino por acudir al presidente ejecutivo, y no al director del medio, para expresar su enojo por una serie de publicaciones sobre anomalías en la institución.
Rechazo la fingida consideración hacia mi cargo de director y la denuncio como maniobra para no investigar la flagrante y grave violación de nuestro orden constitucional. El asunto de fondo es el empleo ilícito de la pauta publicitaria, sobre el cual no hubo pronunciamiento.
El directivo Jorge Méndez promovió la sanción, una amonestación verbal, es decir, nada, porque según su criterio la falta es de “rango menor”. La Junta votó y creyó haber enterrado el caso sin pronunciarse sobre el intento de censura por medios indirectos. El gerente, feliz de no enfrentar responsabilidades por faltas más importantes, aceptó la sanción y hasta renunció al procedimiento administrativo, cosa en sí misma cuestionable.
Pero el asunto no ha terminado. La Sala Constitucional discrepó de Méndez, por unanimidad. Lejos de tratarse de un asunto de “rango menor”, dijeron los magistrados, la actuación del gerente constituye “una forma perversa y antidemocrática” de premiar o castigar a quienes ejercen la libertad de prensa. Es un claro caso de “censura indirecta”, “una forma de acoso ilegítimo”, que “no solo lesiona la libertad de expresión, sino el derecho de los ciudadanos de contar con mecanismos de información”.
El presidente, Luis Guillermo Solís, tampoco se declara satisfecho con lo actuado por la Directiva. En julio, cuando La Nación dio a conocer las presiones, exigió una investigación y la eventual imposición de sanciones. La solicitud fue burlada mediante el sainete de la amonestación verbal, previa renuncia al procedimiento administrativo, por un hecho de “rango menor”. Ahora, el presidente dice estar en espera de la redacción íntegra del fallo de la Sala Constitucional para decidir un curso de acción, pues no duda de la gravedad de los hechos.
También está pendiente el pronunciamiento de la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso, cuyos integrantes, a juzgar por sus declaraciones, tampoco otorgan al asunto un “rango menor”, como lo hace Méndez, quien a estas alturas solo parece contar con la compañía de algunos de sus colegas de Directiva.
El autor es director de La Nación