Hay mucha tela que cortar detrás del acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS para “institucionalizar” 37 Ebáis que eran administrados por la Unibe en Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
Debido a un “error de cálculo”, la decisión le costará a la institución ¢1.800 millones más al año. La interrogante que más me atormenta es: ¿En qué estaban pensando los representantes de la Uccaep cuando aprobaron la propuesta de suspender la contratación de servicios a un actor privado?
El fiasco es producto de lo que un editorial de La Nación bien describe como un “capricho ideológico”. La Unibe hacía un buen trabajo administrando esos Ebáis y, según la misma CCSS, se suponía que el gasto de retomarlos iba a ser similar —con cálculos que probaron ser errados—.
Uno puede entender que el representante de los sindicatos, Mario Devandas, o incluso los tres del gobierno, tuvieran una fijación ideológica por acabar con un exitoso experimento de tercerización de servicios. Pero ¿qué hay de los de Uccaep?
No olvidemos que el sector empresarial cuenta con tres directivos en la Junta de la CCSS. Es una representación considerable.
Si fuera una bancada legislativa, equivaldría a poco más de 15 diputados. Lamentablemente, el acuerdo de institucionalizar los Ebáis no es atípico.
Cuando las decisiones tomadas por ese órgano en los últimos años son analizadas, desde oponerse a una amnistía para fomentar la formalidad de los trabajadores independientes hasta la resistencia a flexibilizar cargas sociales o reducir la base mínima contributiva en tiempos precrisis, uno verá que casi siempre son unánimes, es decir, con la venia de los representantes del sector empresarial.
El misterio crece cuando uno lee las declaraciones del presidente Alvarado en una entrevista publicada en este periódico el 5 de mayo, en la cual se queja de la intransigencia de la Junta Directiva de la CCSS para flexibilizar cargas y facilitar la formalidad.
El gobierno dice compartir con el sector productivo la urgencia de que la CCSS tome decisiones que reduzcan los costos de contratación y fomenten la empleabilidad.
Y, entre ambos, designan a 6 de 11 directivos en el máximo órgano de decisión de esa institución. ¿Cómo explicar entonces lo que ocurre de la CCSS?
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