La disyuntiva sobre los eurobonos es más política que económica. ¿Podemos confiar en que el gobierno no utilizará los $6.000 millones de endeudamiento externo para patear la bola con las muy necesarias reformas al gasto? La solución a ese acertijo es más simple de lo que imaginamos.
El caso económico a favor de los eurobonos es bastante sencillo. Si en verdad no se trata de endeudamiento adicional, sino de sustituir deuda interna cara por deuda externa en condiciones más favorables, dicha transacción permitiría reducir la presión sobre las tasas de interés domésticas –favoreciendo la reactivación económica– y contribuiría a disminuir el servicio de la deuda, principal disparador del gasto público.
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, hay riesgos. Quizás el mayor es endeudarse en dólares, lo cual nos expone a cualquier socollón del tipo de cambio que podría disparar el costo en colones de pagar los bonos. Lo prudente para un país en desarrollo es que su deuda esté, en la medida de lo posible, denominada en moneda nacional. Pero la voracidad del gobierno por recursos ha secado el mercado interno y nos ha puesto en esta precaria situación.
Por supuesto, más prudente aún sería reducir esa voracidad fiscal. Lamentablemente, la administración Alvarado parece haber dado por concluido sus esfuerzos por implementar reformas estructurales al gasto. La anunciada ley de empleo público “no será fiscalista”, nos advierte. La reforma institucional es una incógnita –CNP y Recope más bien anuncian un joint venture de ¢6.000 millones para producir etanol–. Y varias instituciones están en abierta rebelión contra las estipulaciones del plan fiscal. Las cortes –custodias de sus propios privilegios– podrían darles la razón en un “hoy por ti, mañana por mí”.
Zapote ofrece observar la regla fiscal como condición para que le autoricen colocar el resto de los eurobonos –luego de un tracto inicial de $1.500 millones–. Eso es inaceptable. La regla fiscal es ley y cumplirla es una obligación, no una carta negociadora. Los diputados deben demandar autorizaciones separadas para cada tracto que pida el gobierno. Además, los siguientes tractos deben ir condicionados a la aprobación de leyes específicas que tengan un impacto discernible sobre el fisco. La primera debe ser una ley de empleo público que incluya el salario único y sí reduzca el gasto.
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El autor es analista de políticas públicas.