A pesar de nuestro pequeño tamaño, Costa Rica es una potencia ecológica. Más del 25 % del territorio nacional son zonas protegidas. Derivamos la mayor parte de nuestra energía de fuentes renovables, de tal forma que estamos bien posicionados para convertirnos en un país “sin muflas”, con solo carros, buses y trenes eléctricos en circulación. Es más, nos hemos comprometido a ser la primera nación carbono neutral para el 2021, todo un ejemplo mundial en la lucha contra el cambio climático.
Por ahí va, más o menos, el cuento de la Costa Rica verde –que, como toda buena ficción, se nutre de verdades a medias–.
La realidad es un tanto más cruda. El 95 % de las aguas negras del país terminan en los ríos sin ningún tipo de tratamiento, al punto que más de la mitad no son aptos para nadar o pescar. A pesar de haber sido prohibida por un fallo de la Sala IV, la destructiva pesca de arrastre continúa campante con la venia del Incopesca. Nuestras emisiones de CO2 siguen creciendo como si nada. Y el presidente que declaró la meta de carbono neutralidad también negoció con China la construcción de una nueva (e innecesaria) refinería.
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Para rematar, la Sala IV ha condenado al Estado por su abandono de los parques nacionales, en los cuales abundan actividades ilícitas como la tala, la cacería y la minería. Según Mario Boza, uno de los fundadores del sistema de parques nacionales, hay reservas que se han convertido en “bosques vacíos” debido al exterminio de la fauna. “Las áreas protegidas de Costa Rica ya no protegen nada”, dijo.
La respuesta del gobierno a este último problema es previsible: se necesitan más impuestos. Pero ¿qué tal si buscamos soluciones innovadoras? Por ejemplo, las áreas protegidas frecuentadas por turistas bien podrían darse en concesión a fundaciones o asociaciones de empresarios locales, quienes son los más interesados en su buen mantenimiento y conservación. Las reservas que no son muy visitadas –y no generan suficientes recursos– podrían darse en administración a organizaciones ambientales internacionales con amplia experiencia en gerencia de recursos naturales.
El Estado ha demostrado ser un pésimo gestor de las zonas protegidas. No cuenta con los recursos ni los incentivos para hacer un buen trabajo. Dejemos de lado la ficción y exploremos soluciones que trasciendan ese arraigado dogma estatista que tanto nos caracteriza.
El autor es analista de políticas públicas.
jhidalgo@cato.org