Las medidas del plan de reactivación económica anunciadas el viernes van en la dirección correcta. Una en particular —acelerar la simplificación regulatoria— me entusiasma, aunque llevo varios gobiernos oyéndola. Mi reacción sería un tanto más positiva si el paquete se hubiera anunciado en tiempos normales. De hecho, muchas de las acciones son refritos de los planes de reactivación 1.0 del 2018 y 2.0 del 2019.
Pero no son tiempos normales. Estamos ante la mayor crisis económica en 40 años. El desempleo —en un 12,5 % antes de la pandemia— es posible que se duplique. La situación fiscal llegará a un punto de quiebre, como nos recordó Fitch el viernes al degradarnos de nuevo la nota de crédito. (Antes de la crisis estábamos en la posición 12 de 18 países latinoamericanos en cuanto a calificación de riesgo a largo plazo). Este plan, al igual que sus antecesores, se habría quedado corto en los precarios “tiempos normales”. Hoy, difícilmente mueva la aguja.
Lo frustrante es que el gobierno parece saber lo que hay que hacer para mitigar el colapso de la economía. Eran políticas estructurales necesarias antes de la pandemia y que ahora urgen. La ministra Garrido, incluso, las mencionó en su presentación: acciones tendientes a bajar el costo de los combustibles, reducir las tarifas eléctricas, readecuar las cargas sociales y recortar el gasto público. Sin embargo, una y otra vez, la jerarca señaló que eso vendrá “en un segundo momento”. Habrá que esperar al plan de reactivación 4.0.
Pero no tenemos ese lujo. Los dos enormes desafíos que nos legará la crisis son un aumento brutal en el desempleo y la informalidad y unas finanzas públicas al borde de la bancarrota. Atender lo primero requiere bajar las cargas sociales para reducir costos de contratación de la mano de obra poco calificada, lo cual implica una reconfiguración en la manera como se financian algunos pilares del llamado Estado social de derecho. Lo segundo demanda reformas profundas del lado del gasto: ley de empleo público fiscalista, fusión y cierre de instituciones, venta de activos, movilidad laboral, una solución definitiva a las pensiones de lujo, eliminar los mandatos sobre destinos específicos de fondos, etc. El gobierno debe empezar esta discusión. El “segundo momento” es ahora.
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El autor es analista de políticas públicas.