El desempleo en nuestro país es altamente regresivo, según lo evidencia la más reciente Encuesta Nacional de Hogares. Si bien el paro ha experimentado un leve descenso –aunque sigue estando alto en un 7,5 %–, las disparidades en su incidencia de acuerdo al nivel de ingresos son alarmantes.
Mientras que el quintil más rico de la población tiene una tasa de desempleo de apenas un 1,5 %, el más pobre sufre de un nivel de desocupación del 21,9 %. En realidad, no debería sorprendernos que el paro afecte desproporcionadamente a la gente de menos recursos, puesto que la principal causa de la pobreza es precisamente la ausencia de una fuente estable y suficiente de ingresos.
Pero sí llama la atención el comportamiento de este indicador en la última década. En el 2007, cuando la tasa nacional de desempleo era de apenas un 4,6 %, la desocupación en el quintil más pobre era de un 11,2 %, mientras que en el más rico estaba en 1,4 %. Es a partir de ese año que el mercado laboral experimenta un marcado deterioro que se ensañó con el 40 % de la población de menos recursos, pero muy particularmente con el quintil inferior.
No es de extrañar, entonces, el estancamiento en los niveles de pobreza y el aumento de la desigualdad que hemos visto en esta última década. Difícilmente, los pobres podrán escapar a su situación si tienen oportunidades laborales limitadas. De igual forma, las bajas tasas de desocupación que disfrutan los quintiles más altos son garantía de mayor competencia por su mano de obra y, por ende, de salarios crecientes. La brecha entre estas dos Costa Ricas continuará ensanchándose al menos que hagamos algo por mejorar la situación laboral del 40 % más pobre.
Para ello tenemos que tener muy presente que se trata de mano de obra poco calificada. La empleabilidad de estas personas depende en gran medida de que el costo de su contratación –vía salarios y cargas sociales– no supere el aporte de su limitada productividad. Por eso es imperativo que tomemos en consideración el impacto que políticas como el alto salario mínimo y las elevadas cargas sociales pueden tener en agravar la desocupación de los pobres.
Estas cifras confirman algo que debería ser obvio, pero que por algún motivo no lo es en nuestro país: el mejor programa social que podemos diseñar es crear condiciones para que los costarricenses de menos recursos consigan trabajo.
El autor es analista de políticas públicas.
jhidalgo@cato.org