Poner orden en las finanzas públicas involucra múltiples frentes y uno de ellos no ha recibido la atención que merece: el abuso en el que han incurrido los últimos dos gobiernos de las contrataciones directas entre entes del Estado. No se trata de pesetas. Desde el 2016, se han adjudicado contratos de este tipo por más de ¢242.700 millones.
Las autoridades han apelado a una interpretación muy laxa de una excepción en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa para generalizar la firma de contratos entre entes de derecho público, sin que medie –en el 99 % de los casos– una licitación. El ICE, Racsa, la ESPH y hasta el Sinart han hecho clavos de oro vendiéndole servicios al mismo Estado. Es más, varias de esas instituciones se mantienen vivas únicamente por negocios de esta naturaleza. Las contrataciones directas no solo atentan contra los principios de eficiencia y transparencia, sino que además representan un lastre para el contribuyente porque en muchas ocasiones conllevan la subcontratación del servicio a un tercero, lo que implica el pago de sobreprecios. Un caso muy sonado es el de las tobilleras para reos contratadas a la ESPH, que a su vez compró los aparatos a la empresa suiza Geosatis. El acuerdo ha terminado en recriminaciones mutuas sobre el mal uso y desabastecimiento de los dispositivos, a un costo para el fisco de $700.000 mensuales. La ESPH también ha sido contratada para ejecutar el sistema de facturación electrónica de Hacienda y hacer trabajos de jardinería en el centro de convenciones.
Uno pensaría que estos abusos se corregirían con el proceso de adhesión a la OCDE, puesto que ese organismo cuenta con directrices muy estrictas en materia de gobierno corporativo y contratación pública. Sin embargo, nuestras autoridades parecen tomar sus recomendaciones como si fuera un bufé: las que les gustan, vénganos tu reino; las que no, ni me acuerdo. Por eso, apremia la aprobación –sin cambios que lo debiliten– del proyecto 21014, que cierra ese portillo. Los contribuyentes merecen que los servicios públicos respondan a criterios de costo y eficiencia, no a dogmatismos en los que ciertas instituciones del Estado se convierten en fines en sí mismo.
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El autor es analista de políticas públicas.