En una reciente visita a mi natal Ciudad Quesada advertí que un brebaje se popularizó entre las señoras: aceite de cannabis. A pesar del conservadurismo tradicional de la zona, muchas mujeres mayores que padecen migrañas, artritis, reumatismo y fibromialgia, entre otras aflicciones, dejaron atrás sus prejuicios para abrazar con entusiasmo la efectividad del cannabis medicinal. Según me cuentan, el fenómeno se repite a lo largo y ancho del país.
Lamentablemente, la comercialización de “las gotas esas que ayudan” sigue siendo un delito a pesar de que muchos países en el continente, incluida la mayoría de los estados en EE. UU., ya legalizaron el uso medicinal de la marihuana.
En Costa Rica, su creciente consumo por parte de grupos etarios que, por lo general tienen actitudes sociales más conservadoras, da a entender que probablemente estamos ante uno de esos casos en los cuales un sector importante de la opinión pública va más adelante de la clase política en su apetito liberalizador.
Además, es un magnífico negocio en momentos en que toda iniciativa de reactivación económica es más que bienvenida. Hace poco, el Financial Times reseñó cómo Uruguay apunta a convertirse en el principal exportador mundial de cannabis medicinal para el 2025. Ese país, incluso, logró atraer inversionistas extranjeros que ven un tremendo potencial en un mercado que se estima valdrá aproximadamente $100.000 millones en la próxima década.
Según Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay, “el comercio internacional para el cannabis medicinal apenas está despegando”, con la posibilidad de que en los próximos cuatro años haya hasta 80 países adonde exportar.
De regreso en Costa Rica, un análisis del 2017 de la consultora Deloitte sobre el potencial económico del cannabis medicinal encontró que una industria legal podría crear hasta 4.000 empleos directos para el 2021 y generar unos $167 millones de ingresos al Estado —únicamente por concepto del impuesto sobre la renta corporativo— para ese mismo año.
Desde el punto de vista que se le mire —sanitario, económico e incluso fiscal— la regulación del cannabis medicinal merece un lugar preeminente en la agenda de esta Asamblea Legislativa.
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