San José es una ciudad sin arte público, no por falta de vocación o escasez de talento creativo, sino por la intemperie, el vandalismo y la indiferencia. Si hacemos a un lado los monumentos de los próceres, queda muy poco para el inventario. Existen, eso sí, rastros de la destrucción y el abandono.
Del Monumento al agricultor, de Francisco Zúñiga —figura cumbre de la escultura nacional— solo queda la base y el estilizado grano de café que enmarcaba la obra fundida en México. Cuando las autoridades la rescataron de su emplazamiento original, le faltaban un brazo y un dedo, pero le sobraban grafitis.
Del mural creado por Felo García en la fachada del edificio Crisol, nada queda. La pared exterior donde la obra pudo ser admirada desde 1963 es un muro blanco, inexpresivo como casi todo en el llamado barrio chino. “En Costa Rica el arte es totalmente dispensable”, dijo el pintor, distinguido con el Premio Magón, pero no con el respeto merecido por su obra.
En La Sabana, la escultura Elevación, del maestro José Sancho, clama por una restauración. Forma parte de un conjunto de obras, alguna vez merecedor de llamarse “jardín de esculturas”. Algunas ya están mutiladas o a un paso de convertirse en chatarra. Otras resisten a duras penas, pero ninguna está en buenas condiciones, salvo Arcoíris, de Leda Astorga, recientemente restaurada con ayuda de particulares.
Serpiente sobre el muro, del chileno Osvaldo Peña, se ubica a un tiro de piedra, pero ya no se le distingue a la distancia. Se desplomó por el efecto corrosivo de los orines. Podría ser rescatada, pero ni siquiera hay certeza de los obligados a ejecutar el salvamento. La Sabana pertenece al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), pero el patrimonio artístico debería estar bajo tutela del Ministerio de Cultura.
Amantes del arte y promotores culturales como Esteban Tortós y el escultor Minor Mena se estrellan contra los muros de la burocracia cuando intentan promover intervenciones urgentes. Uno de los obstáculos es la necesidad de contar con la venia del creador, pero las autoridades no se sienten obligadas a procurarla, y más bien piden a los activistas apego a requisitos, como el apostillado de los documentos.
Si se trata de un requisito indispensable, no hay otro camino, pero tampoco hay razón para que sean los particulares los obligados a recorrerlo. La responsabilidad es de la autoridad, aunque no sepamos de cuál. Mientras averiguamos, se pierde una riqueza irrecuperable.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.