Una histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos abre las puertas al reconocimiento de los derechos de parejas homosexuales en paridad con las uniones entre hombre y mujer. La decisión va más allá y remueve obstáculos al matrimonio homosexual, con todas las consecuencias legales para los contrayentes.
Los magistrados no legalizaron los matrimonios del mismo sexo en todos los estados de la unión, pero dejaron en manos de cada uno adoptar la política de su preferencia. En resumen, ninguno tiene la obligación de permitirlo, pero la Constitución no prohíbe hacerlo.
La ley de defensa del matrimonio, fundada en la exclusión de las uniones homosexuales, quedó derogada, esa sí por inconstitucional. Los beneficios del Gobierno federal a las parejas heterosexuales deberán ser reconocidos, también, a las uniones homosexuales.
California está entre los doce estados pioneros en el establecimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los sectores opuestos a esa legislación también probaron suerte en la Corte Suprema, pero esta declaró inadmisible la gestión y reenvió el caso al tribunal cuyos integrantes habían validado la medida. En consecuencia, las autoridades de ese estado pronto se verán obligadas a oficiar matrimonios entre homosexuales.
El presidente Barak Obama se apresuró a celebrar la decisión de la Corte Suprema y se convirtió en el primer mandatario en adoptar explícitamente una posición favorable al matrimonio gay.
El tema divide profundamente a la sociedad estadounidense, pero la suerte parece estar echada. El impulso detrás del movimiento gay y el cambio en la opinión pública indicaban, hace años, que era cuestión de tiempo.
El mismo ímpetu está cobrando la idea en Costa Rica, donde las aspiraciones de la comunidad homosexual son más modestas. Apenas alcanzan a pedir el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados del matrimonio y el trato igualitario en materias como visitas hospitalarias y otras similares.
Nuestro Poder Legislativo se ha abstenido de dar respuesta a esas aspiraciones, aunque el Judicial les deja la puerta abierta. Según la Sala Constitucional, “las personas que tienen relaciones con una pareja del mismo sexo son un grupo en desventaja y objeto de discriminación que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales”. En otra resolución, dictada hace ya siete años, los magistrados señalaron al Congreso su morosidad en la materia.
También en Costa Rica es cuestión de tiempo. El Congreso debe hallar el valor para discutir el tema y resolverlo según las reglas de la democracia.