Soplan vientos de guerra comercial en el mundo y en nuestro país las autoridades asumen la actitud de los tres monitos: no ven nada, no oyen nada y no dicen nada. O casi nada, porque manifestar de manera tímida su preocupación, sin acompañarla de acciones concretas, es lo mismo que nada.
El presidente de los Estados Unidos ha desatado un conflicto con algunas de las principales potencias y contra sus más importantes socios comerciales: China, la Unión Europea, Canadá y México. La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió, en la reciente reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Argentina, que “la economía mundial se enfrenta a crecientes riesgos, especialmente a corto plazo, por el aumento de las tensiones comerciales”.
Se refería a la alta probabilidad de que esa guerra comercial afecte la producción global y disminuya el crecimiento. El FMI calculó, en su más reciente informe de perspectivas económicas, publicado a mediados de julio, que la escalada arancelaria podría costar hasta un 0,5 % del PIB mundial para el 2020, equivalente a unos $430.000 millones. Si bien los más perjudicados serán los países directamente involucrados en el conflicto, un menor dinamismo de la economía mundial nos afectará también en estas latitudes, al disminuir la demanda de las grandes economías por nuestra oferta exportable.
Donald Trump, a contrapelo de la teoría económica y abundantísima evidencia empírica, percibe el comercio internacional como un juego de suma cero, donde las ganancias de un país son pérdidas para su contraparte. Por ello, ha pasado bastante entretenido buscando pleito con sus principales socios, llegando, incluso, a llamar enemigos comerciales a sus aliados históricos.
Salvados por poco. Hasta ahora, el TLC con Centroamérica y República Dominicana ha volado por debajo de su radar. Esto se debe, por una parte, a que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con nuestra región y, en la estrecha visión de Trump, eso lo convierte en “ganador”. Por otra parte, nuestro comercio bilateral no representa gran cosa visto desde el norte.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos estima que, como bloque, Centroamérica y República Dominicana son el socio comercial número 16 de los Estados Unidos, medido por el valor del intercambio bilateral en bienes (2015). Costa Rica, por sí sola, se ubicó en el puesto 40 en el 2016.
Pero no pasamos completamente inadvertidos. Durante el primer semestre del presente año, y en su renovado afán proteccionista, Estados Unidos impuso, a una selecta lista de países, un arancel del 25 % al acero y del 10 % al aluminio. Costa Rica figuró en dicha lista, a pesar de que nuestras exportaciones de productos de esos metales son ínfimas. Salimos rascando sin tener vela en ese entierro.
Trump ha demostrado tener un carácter volátil y una predisposición al conflicto, por lo cual no podemos pretender que no existe el riesgo de que, en un ataque de ira, por mera ocurrencia, o en intento fútil por forzar la repatriación de puestos de trabajo, llegue a denunciar el TLC.
Lamentablemente para nuestro país, tenemos todavía una alta dependencia del intercambio comercial con los Estados Unidos. En 2017, el 40,5 % de nuestras exportaciones se dirigieron a ese mercado, de donde recibimos el 38 % de lo que importamos. Aproximadamente la mitad de toda la inversión extranjera directa en Costa Rica proviene de allá.
A pesar de su éxito, el talón de Aquiles de nuestro modelo de promoción de exportaciones es precisamente la alta concentración en pocos destinos, como las cifras del párrafo anterior ilustran, aunque hayamos logrado algunos avances en los últimos lustros.
Efecto contractivo. Como si lo anterior no fuera suficiente preocupación, el grave panorama de las finanzas públicas hace presagiar la inminente aprobación de un paquete fiscal que, irremediablemente, tendrá un efecto contractivo en una economía que ya de por sí da señales de desaceleración. El peso de las reformas más significativas que se discuten —IVA, renta personal, ganancias de capital— recaerá sobre el consumo y la inversión, y afectará el dinamismo de la economía nacional.
Ante este panorama, se torna imprescindible para el país adoptar medidas para la reactivación económica. Debemos promover mejores condiciones para el desarrollo de los negocios y ofrecer particular impulso a las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como mecanismo de generación de una mayor riqueza mejor distribuida.
En estas circunstancias, una movida lógica sería acelerar el proceso —estancado desde el 2014— de ingreso a la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial y de integración económica que nos ampliaría las puertas, ya parcialmente abiertas, de cuatro de las economías más dinámicas, competitivas y de mayor poder adquisitivo de Latinoamérica: Chile, Colombia, México y Perú. En conjunto, se trata de un mercado de 229 millones de personas, con un ingreso per cápita (promedio) de $17.180.
Las principales beneficiadas serían precisamente las mipymes. Según datos de Procomer, el 86 % de las empresas que colocaron producto costarricense en Suramérica en el 2017 fueron mipymes, y por el valor de sus ventas representaron el 70 % del total exportado a esa región. En contraste, de las empresas que exportaron hacia Norteamérica, el 71 % fueron mipymes, pero el valor de sus ventas representó tan solo un 15 % del total.
Debemos tener claro que estos mercados no sustituirán las potenciales pérdidas que pueda generarle a Costa Rica la guerra comercial, pues la exportación de implementos médicos y componentes electrónicos, por ejemplo, no se desviará hacia el sur. Ingresar a la Alianza del Pacífico debería ser el pilar de una estrategia de diversificación: buscar nuevas canastas donde colocar nuevos huevos, para no tener una tan alta concentración en una sola.
Otro factor que debemos considerar es que las oportunidades para los pequeños y medianos exportadores costarricenses han disminuido desde el estallido de la crisis política en Nicaragua en abril. Los bloqueos de carreteras, la violencia y la creciente inseguridad dificultan, cuando no impiden, el tránsito de mercancías por tierra. Ello afecta las ventas a todo el resto del Istmo.
En los cuatro países de Centroamérica —excluyendo a Costa Rica— viven alrededor de 39 millones de personas, con un ingreso per cápita (promedio) de $7.000. Eso es seis veces menos personas que en la Alianza del Pacífico, con apenas el 41 % del poder adquisitivo.
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Aun así, el año pasado, 697 empresas costarricenses exportaron a Nicaragua, 446 a Guatemala y 364 cada una a Honduras y a El Salvador. Mientras tanto, tan solo 191 exportaron a México, 131 a Colombia, 86 a Chile y 60 a Perú.
El potencial de crecimiento con la Alianza del Pacífico es mayúsculo. Si tan solo las autoridades gubernamentales se quitasen el velo ideológico contra el libre comercio, podrían descubrir las enormes oportunidades y promover el crecimiento económico, que el país reclama a gritos.
La pregunta es, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados?
El autor es economista.