Las decisiones relacionadas con la instalación de las redes 5G y la fabricación de semiconductores se convirtieron en cuestiones centrales en la geopolítica contemporánea y fuente de debate en la arena doméstica.
Las decisiones reflejan no solo consideraciones sobre los usos de la tecnología 5G y la atracción de inversiones, sino también preocupaciones sobre rivalidad, seguridad y competencia estratégica entre las principales potencias globales.
El potencial de la 5G es mayúsculo. La quinta generación de redes de comunicación móvil es más que una simple evolución de sus antecesoras. Esta tecnología revolucionará la vida de las personas, empresas y gobiernos con velocidades de conexión significativamente más rápidas, alta densidad de dispositivos conectados y una latencia reducida.
La 5G promete una era de expansión de la internet de las cosas (IoT) que transformará el entretenimiento, el transporte, el gobierno, la salud y la agricultura. Facilitará la lucha contra la delincuencia, el desarrollo de ciudades inteligentes, optimizará las redes de energía y aumentará la productividad de la industria.
Sin embargo, con los avances también emergen desafíos en términos de dependencia, privacidad y seguridad. La hiperconectividad aumenta el riesgo de exposición a ciberataques.
La intrincada naturaleza de estas redes, basadas en software, puede ser una puerta abierta a vulnerabilidades si no se establecen y supervisan adecuadamente. Asimismo, depender de un número limitado de proveedores de equipos y soluciones podría acarrear consecuencias geopolíticas, económicas y de seguridad.
Por otra parte, existe una relación crucial entre las tecnologías 5G y la fabricación de semiconductores, componentes esenciales en toda la infraestructura de comunicación para estaciones base, dispositivos móviles y todo aquello que requiera una conexión (IoT).
Para la 5G, estos componentes deben ser capaces de soportar altas frecuencias y transmisiones de datos de alta velocidad. Con el despliegue global de las redes 5G, la demanda de semiconductores avanzados aumentó significativamente.
La disputa entre Estados Unidos y China en torno a la 5G y los semiconductores no es simplemente una lucha comercial, sino la manifestación de una competencia más amplia por el liderazgo tecnológico y geopolítico en el siglo XXI.
Aunque está claramente ligada a cuestiones de competitividad económica, la 5G también tiene implicaciones para la dependencia política y sus riesgos asociados, incluidos el chantaje, la influencia y las interrupciones del servicio.
Lo anterior representa una de las características más destacadas del debate en torno a la 5G hasta ahora, ya que las tensiones se centran menos en la tecnología en sí y más en el origen de los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés), particularmente en el caso de las empresas chinas, líderes tanto en tecnología como en cuota de mercado.
La probada proximidad de estas empresas con las autoridades chinas llevó a varias democracias occidentales a cuestionar la prudencia de permitir que estas accedan a sus infraestructuras nacionales.
Hay dos riesgos principales con China: originar una dependencia tecnológica que probablemente aumente el peligro de intrusión, sabotaje y ciberataques, y un conflicto digital que finalmente se manifieste como una ofensiva militar.
Frente a esto, EE. UU., invocando criterios de seguridad nacional, argumenta que el equipo 5G chino podría ser utilizado para espiar o comprometer infraestructuras críticas.
En Europa también se han manifestado estas amenazas y, hasta el momento, 11 países, incluidos Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, han aprobado restricciones a la utilización de equipos chinos en sus redes de telecomunicaciones. Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón tomaron medidas similares.
En cuanto a los semiconductores, componente esencial para una amplia gama de tecnologías, desde electrodomésticos y teléfonos inteligentes hasta sistemas militares, ambos países reconocen su importancia estratégica.
Mientras Estados Unidos impuso restricciones comerciales para limitar el acceso de empresas chinas a semiconductores avanzados y a la tecnología para fabricarlos, China impulsa su autosuficiencia en la producción de semiconductores, con miras a reducir su dependencia de proveedores extranjeros.
Estados Unidos aprobó la Ley Chips, diseñada para estimular la producción de semiconductores que se consideran esenciales para la seguridad nacional y económica.
La administración Biden asegura la independencia tecnológica y de manufactura con respecto a China y favorece el liderazgo de los Estados Unidos en esta industria. La ley responde además a las disrupciones en la cadena de suministro de semiconductores que se produjeron durante la pandemia.
No es una cuestión menor para Costa Rica, luego del establecimiento exitoso de un clúster de fabricación de semiconductores y el anuncio de su participación en la Ley Chips de Estados Unidos.
Estas acciones subrayan la interdependencia y rivalidad en el ámbito tecnológico entre las dos potencias. En un mundo cada vez más digitalizado y conectado, quien controle y domine estas tecnologías clave no solo tendrá ventajas económicas, sino también influencia y poder en el escenario geopolítico global.
La rivalidad chino-estadounidense implica una serie de dificultades para Costa Rica a la hora de decidir sobre los estándares para la construcción de la red 5G. Dado que Estados Unidos es el principal aliado político, comercial y de inversión, la elección en el ámbito tecnológico, particularmente una de tanta relevancia como la 5G, no se limita únicamente a aspectos técnicos, sino también a consideraciones de naturaleza geopolítica.
La adopción de tecnologías 5G tendrá consecuencias para la seguridad nacional y cibernética. Si Costa Rica opta por proveedores cuestionados, podría enfrentarse a preocupaciones con respecto a la vulnerabilidad de su infraestructura a espionaje o interrupciones del servicio.
Además, la interdependencia económica con Estados Unidos sugiere que toda decisión que no sea vista favorablemente podría tener repercusiones.
Las empresas estadounidenses podrían enfrentar trabas para invertir en el país y la participación de Costa Rica en la Ley Chips se vería afectada, comprometiendo miles de empleos del clúster de los semiconductores. Por otra parte, las exportaciones de bienes y servicios tecnológicos corren el riesgo de verse perjudicadas.
En síntesis, la toma de decisiones en relación con los estándares de la 5G conlleva navegar a través de una intrincada red de consideraciones técnicas, económicas, de seguridad y geopolíticas. Costa Rica debe promover su desarrollo tecnológico y competitividad sin comprometer sus relaciones estratégicas.
victor.umana@incae.edu
Víctor Umaña es economista agrícola. Realizó sus estudios de posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad de Berna y el ETH de Zúrich, Suiza. Es consultor internacional en comercio internacional, competitividad y desarrollo sostenible.