Mucha gente tiende a pensar que lo público es de todos, y por eso no le ponen el cuidado que merece. Otros, más osados y buchones, sucumben a la tentación para llenar sus bolsillos con fondos que piensan que no son de nadie (por ser de todos).
De ahí por qué el sector público suele estar amarrado a múltiples controles. Pesos y contrapesos intentan evitar que los recursos se utilicen de manera indebida, ya sea desperdiciándolos o robándolos.
Estos controles son engorrosos. Son incómodos. No permiten que los funcionarios y políticos de turno hagan lo que quieren en completa libertad. Y ahí es donde surgen, entonces, invenciones para eludir los controles y salirse con la suya.
En Costa Rica existe un sistema integrado de compras públicas (el Sicop), por el que se supone que todas las adquisiciones de las instituciones del Estado deben pasar, de manera controlada y transparente. Pero son muchos los casos en que algunas entidades no utilizan la plataforma del Sicop para ciertas compras, y las adjudican de forma directa a otra institución.
Han llegado al punto que se ha vuelto muy común que una contrate a la otra como proveedora, sin que medie un concurso o licitación. Así es en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguros (INS) y otras que contratan al Sinart para el manejo de su publicidad y actividades. Del Ministerio de Educación que contrata al CNP para que sea su proveedor de alimentos. Del Poder Judicial que compra las tobilleras electrónicas utilizando como intermediaria a la ESPH.
Ninguna de estas instituciones proveedoras son productoras directas del bien o servicio que la otra desea adquirir. El Sinart subcontrata a agencias privadas para que le provean el servicio que el INS requiere. El CNP pide a unos pocos productores, y a otros muchos intermediarios, que le suplan los alimentos que los comedores escolares requieren. La ESPH compra tobilleras electrónicas a quien las produce internacionalmente.
El aporte en el proceso de compra y de logística de tales instituciones intermediarias es bajo o casi nulo. Pero, eso sí, cobran por ello una jugosa tajada.
El esquema termina siendo un ardid para eludir los controles, y el Estado y todos los que tributamos pagamos más caro los servicios públicos que debemos recibir. De paso, en el proceso siempre habrá alguien que haga su agosto.
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El autor es economista.