A ciertos políticos con ansias de ganar votos de los sindicalistas se les olvida por qué se aprobó la ley de empleo público.
Para refrescarles la memoria: debido al desorden en fijaciones salariales que originaron un creciente endeudamiento para hacer frente a remuneraciones insostenibles.
La reforma, firmada el 8 de marzo del 2022 y que empezará a regir el 10 de marzo, ordenará el caos salarial al imponer el salario global o único para los nuevos funcionarios, lo cual implica la abolición del pago de, cuando menos, 260 pluses creados en las últimas décadas por políticos para congraciarse con los sindicatos.
Se acabará que un político fije un jugoso salario para equis puesto en una entidad, mientras en otra, con menos presupuesto, se paga muchísimo menos por la misma función sin medir cuál es más eficiente.
La reforma favorece la transparencia laboral y económica, e impone disciplina para proscribir disparates como el de un vagonetero de la Municipalidad de Talamanca que en el 2021 ganaba ¢3,7 millones.
Se llegó a esta ley porque en el Instituto Costarricense de Electricidad 25 policías de tránsito recibían ¢1,2 millones en el 2015 y en la Universidad de Costa Rica, ¢2,7 millones. ¡Dos o cuatro veces más de lo que paga la Policía de Tránsito!
En el 2018, la Contraloría General de la República comprobó que un oficial de seguridad de un ministerio ganaba ¢277.000, pero en una institución descentralizada, por el mismo puesto y función, hasta ¢1,2 millones. Otro caso: un chofer percibía ¢339.000 y en otra entidad ¢878.000. ¿Les refresqué la memoria del porqué?
Los abusos continúan, y por eso es urgente el cumplimiento de la reforma para que sea, con nuevos funcionarios, apenas el comienzo del fin de los abusos salariales. Posponerla dos años, como pretenden algunos diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio, es irresponsable con las finanzas públicas y los contribuyentes.
Si acaso es hasta ahora que el país ve la luz gracias a los efectos de la reforma fiscal del 2018, la regla fiscal y las expectativas de la reforma del empleo público. Resultaría una aberración y un retroceso aplazar la entrada en vigor solo por componendas entre diputados y sindicatos.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
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