¿Qué tienen en común la banca y los autobuseros? Muy poco a primera vista, pero todo cambia cuando surge el tema del cobro electrónico de pasajes. Los dos poderosos sectores están unidos contra el sistema por razones diferentes y, en alianza con políticos proclives a ceder ante la menor presión, podrían dar al traste con el proyecto. Los platos rotos los pagarán los usuarios, entre ellos los más necesitados.
La banca se opone a la idea de las tarjetas prepagadas y propone utilizar las de crédito y débito. La razón más obvia son las comisiones de poco más de 2,4%, capaces de generar hasta $17 millones al año, así como posibles nuevas afiliaciones. Sin embargo, la banca no se hace ilusiones. Evidentemente, entre los usuarios de buses pocos están bancarizados y la mayoría seguirá pagando con efectivo. No es factible obligarlos a todos a obtener tarjetas. Entre ellos están las personas más necesitadas.
El verdadero interés, más allá de las comisiones y afiliaciones directamente emanadas del cobro de pasajes, es proteger el negocio de las tarjetas bancarias. Si el transporte público, utilizado por millones de personas, se maneja con tarjetas prepagadas, el mercado se abre a un nuevo medio de pago, independiente de los bancos y no sujeto a sus comisiones.
Un importante sector de los autobuseros se opone a las tarjetas prepagadas porque dejarían un registro preciso de la cantidad de usuarios. La medición exacta de la demanda podría traerse abajo muchas tarifas, hoy fijadas con la información suministrada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos por los propios empresarios. Un estudio de la Universidad de Costa Rica encontró graves discrepancias entre esos reportes y la demanda real.
Si los dos sectores coinciden en rechazar las tarjetas prepagadas, ambos estarían de acuerdo con los sistemas bancarizados. La banca por razones obvias y los autobuseros por motivos cuya comprensión apenas requiere de una explicación adicional. Solo la mitad de la población tiene acceso a los sistemas bancarizados (tarjetas de débito y crédito) y en la otra mitad está el grueso de los usuarios del transporte público. La aceptación de esos medios de pago no eliminaría el efectivo. Una pequeña cantidad de transacciones quedaría registrada y las tarifas seguirían a merced de informes rendidos por los interesados.
Ante tan formidable conjunción de intereses, los políticos callan, los viceministros caen y son reemplazados por personas más amenas, y el pueblo se jode.