“A todo chancho le llega su Navidad y a todo charlatán fiscal le llega la némesis de la realidad”. Ottón Solís no se anduvo por las ramas al calificar la actitud con la que Luis Guillermo Solís y su séquito han tratado el tema fiscal. En eso, lleva toda la razón. Sin embargo, el fundador del PAC –y un posterior editorial de La Nación– caen en revisionismo cuando dan a entender que no estaríamos en aprietos si en el cuatrienio pasado se hubieran aprobado los impuestos que promovió la administración Chinchilla.
Es falso que el gobierno anterior nunca ocultó la gravedad del problema fiscal, como indica el editorial. En campaña, Laura Chinchilla se manifestó vehementemente en contra de más impuestos. En las 48 páginas de su plan de gobierno, las palabras “impuesto”, “gravamen” o “tributo” no aparecen una sola vez. Para ser elegida, Chinchilla incurrió en la misma charlatanería que Luis Guillermo Solís.
Ya en el poder, el énfasis de la administración Chinchilla fue exclusivo en la aprobación de más impuestos, nunca en controlar el gasto. Tras un primer año austero, las erogaciones del Gobierno Central se dispararon a partir del 2011. En total, entre el 2010 y el 2014, el gasto aumentó en términos reales un 19,8%, mientras que los ingresos subieron un 16%. El gobierno anterior heredó un déficit fiscal del 5% del PIB y legó uno del 5,6%.
La administración Chinchilla no presentó una sola iniciativa de contención del gasto a la Asamblea Legislativa. “El proyecto no tiene espacio en este gobierno”, dijo Roberto Gallardo, entonces ministro de Planificación, sobre la viabilidad de una ley de empleo público. De los 17 puntos del pacto de Chinchilla con Ottón Solís, ninguno demandaba austeridad; todos consistían en aumentos de impuestos.
Por supuesto, sabemos que esa estrategia no funciona. Un análisis de La Nación del 2012 reveló que en un cuarto de siglo se aprobaron 14 aumentos de impuestos y, aun así, la situación fiscal continuó deteriorándose. La razón es sencilla: viéndose con recursos frescos, los gobernantes gastan todavía más. Sin contención de erogaciones –incluyendo una regla fiscal constitucional– cualquier aumento de impuestos más bien agravaría el problema.
Para probar el punto, hagamos un ejercicio mental: ¿qué creen que hubiera pasado si el paquete de impuestos de Chinchilla hubiera sido aprobado y Luis Guillermo Solís llega al poder con una situación fiscal más cómoda?