Angurrientos y sinvergüenzas son solo dos de los muchos calificativos que se le pueden dar al grupo de educadores que pagan falsos cursos de capacitación para cobrar al Ministerio de Educación Pública (MEP) un plus. Estafadores es otro.
En todo gremio hay corruptos, pero este caso, hecho público por la periodista de La Nación Daniela Cerdas, provoca rabia porque los docentes son los que, con su labor frente a niños y adolescentes, inculcan cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, y refuerzan la ética desde edades tempranas.
Aunque la noticia es como una historia de villanos, sobresale un héroe, un maestro con valores, que fue quien confirmó el fraude armado por sus colegas junto con empresas que dicen impartir cursos de 50, 80 o 120 horas sobre aplicaciones y redes móviles en educación, estrategias didácticas o instrumentos de evaluación.
En menos de dos horas, de 7 a 9 p. m., el docente aprobó cursos equivalentes a 1.200 horas, lo cual le habría inflado el salario, pues el MEP, por cada 40 horas, reconoce un incentivo de ¢2.273. El señor contó que perdió la paz al verse con los certificados, y decidió rechazarlos “por integridad y ética”. Entonces, lo denunció el 21 de junio.
Así, se generó el efecto bola de nieve. El 22 lo hizo otra funcionaria y el 25, otra. “Es un robo, una estafa contra el Estado”, alegó la última cuando vio que en poco tiempo un grupo de educadores acreditó 6.557 cursos por 615.000 horas que obligan a pagarles ¢35 millones más al mes.
El caso está en manos del Ministerio Público, donde podría quedar durante muchos años. El MEP, por otro lado, está amarrado. Los certificados emitidos cumplen los requisitos y, por ello, debe pagar el plus. Es inconcebible.
Estamos ante una escuela de capacitación para robar al Estado. Urge que el Poder Judicial, en lugar de quedarse con los brazos cruzados, dicte medidas para parar el delito. Hay chorizo a la vista, y no es posible tolerar que se siga cometiendo “porque los titulitos cumplen la ley”.
Y no solo eso. Si el caso avanzara judicialmente algún día, lo más justo es que los pseudocapacitadores y los docentes hallados culpables reciban la lección de su vida: cárcel o despido por su falta de ética.
amayorga@nacion.com
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