Cinco cantones recibieron el 71% de la inversión directa el año pasado. San José, Escazú, Alajuela, Belén y Heredia, todos en la Gran Área Metropolitana (GAM), dejaron muy poco para los demás. Con la inversión en otros cantones del centro del país, a las costas y fronteras no les llega prácticamente nada.
Esas grandes extensiones del territorio se reparten el sobrante y, desde luego, no alcanza para promover el desarrollo. La brecha refleja disparidades de larga data. No es causa, sino consecuencia de la baja inversión en infraestructura y servicios a lo largo de la historia. Las empresas se alejan de las regiones deprimidas porque en ellas no encuentran las condiciones para desempeñarse y tampoco la mano de obra necesaria. Hay desempleo y sobran brazos, pero no con las calidades disponibles en el centro. La educación y formación técnica también han dedicado sus mejores recursos al Valle Central.
No hay desarrollo porque falta inversión, y la inversión se abstiene porque falta desarrollo. Romper el círculo vicioso exige medidas audaces, aptas para sobreponerse, primero, a las desventajas existentes y, luego, capaces de erradicarlas. La atracción de inversiones y creación de puestos de trabajo no puede esperar.
El tamaño de los incentivos debe guardar proporción con la magnitud de las carencias. Solo cuando el saldo sea favorable habremos alcanzado el punto deseable. Es preciso calibrar las ventajas para adecuarlas a las inversiones compatibles con los recursos humanos y materiales de cada región. No debe temblarnos el pulso para moderar las expectativas de atraer empresas de avanzada. A la cuarta revolución industrial no se llega saltándose las anteriores.
El país tampoco debe titubear para ser generoso con la renuncia a ingresos fiscales de todas formas inexistentes. Si una empresa no se instala en Costa Rica, no paga impuestos ni cargas sociales. ¿Por qué no ofrecerle lo mismo, durante un tiempo prudencial, para que genere empleo donde más lo necesitamos?
Un proyecto de ley, avanzado en el trámite legislativo, propone exactamente eso. Además de las ventajas de las zonas francas, empresas productoras de insumos fuera del Valle Central, para industrias de ese régimen, se librarán de buena parte de las cargas sociales durante cinco años y contribuirán un porcentaje todavía reducido hasta cumplir diez. A partir de entonces, pagarán como todos los emprendimientos. La ley sería un buen comienzo, pero falta mucho más para emparejar la cancha.
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