La Defensoría de los Habitantes pidió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un detallado informe de los 213 proyectos de infraestructura y equipamiento donde invertirá ¢1,1 billonesen el transcurso de la próxima década. Quiere saber los criterios utilizados para concederles prioridad, el orden de ejecución y las fechas estimadas de inicio y conclusión de cada iniciativa.
En mayo, constató el hacinamiento en el servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Salud Mental, en Pavas, y anunció la decisión de vigilar el desarrollo de las mejoras necesarias en las secciones de Urgencias, Observación y Admisión. También sigue de cerca la elaboración del programa ambulatorio propuesto por el hospital para dar prioridad a los menores de edad atendidos en Emergencias, evitando hospitalizarlos.
Haciendo uso de sus potestades, la Defensoría planteó una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley paraprolongar por un año la vida útil de los autobuses de transporte público. La prórroga debilita una de las principales previsiones de calidad en ese servicio.
Con fundamento en el IX Informe Estado de la Educación, la Defensoría pidió al Ministerio de Educación Pública (MEP) información sobre los acuerdos del Consejo Superior para enfrentar la crisis de la enseñanza y los avances en la ejecución de los programas ofrecidos para brindar un servicio de calidad.
En agosto, solicitó al Ministerio de Salud explicaciones sobre la prohibición del etiquetado frontal de advertencia en los alimentos con alto contenido de sodio, azúcar o grasas. La circular contra el etiquetado contrasta con la sugerencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de tomar la medida.
La Defensoría también procura recabar información de respaldo al establecimiento de una pensión mínima inembargable para evitar el cobro directo de créditos a los adultos mayores, reduciendo sus ingresos hasta el punto de impedirles pagar servicios básicos, alimentación o alquiler.
En todos los casos, hay un ejercicio impecable de la magistratura de influencia confiada a la Defensoría para salvaguardar los derechos humanos, las libertades públicas y la calidad de los servicios. En otras administraciones, la institución se ha desviado de esos fines, incursionando en la política con grave desgaste de su credibilidad. La nueva defensora, Angie Cruickshank, parece comprenderlo y el cambio de rumbo podría, por fin, poner a la entidad en la ruta de recuperación de su prestigio y relevancia.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.