El presupuesto de cuatro universidades públicas aumentará, el año entrante, en ¢51.000 millones. Habrá ¢410.500 millones para ofrecer educación superior a millares de estudiantes, pero, también, para pagar salarios exagerados, con un ritmo insostenible de aumentos anuales.
Los trabajadores del sector público consiguieron un aumento general de salarios del 4%. El ajuste será del 5,14% para quienes ganan el salario mínimo. Con las anualidades y otros beneficios, el aumento superará, en muchos casos, el 10%. No hay simetría entre el ajuste y la inflación.
El Gobierno puso tope a las odiosas pensiones de “lujo”, todas asignadas a exfuncionarios públicos, pero está por verse si la medida resiste el examen judicial. Ojalá así sea. En el mejor de los casos, la decisión solo afectará a 910 personas y representará un ahorro de ¢12.000 millones al año, menos de la cuarta parte del aumento presupuestario concedido a la educación superior.
Según las proyecciones de la Superintendencia de Pensiones, el régimen de jubilaciones del Poder Judicial colapsará en el 2026, pero el Gobierno hizo suya la propuesta de reforma redactada por la Corte Suprema de Justicia. En ella, naturalmente, no está la solución.
Los cambios son insuficientes y ni siquiera serán aplicados a quienes hayan cumplido 20 años de pertenecer al régimen, con lo cual “se mantienen los beneficios hasta que colapse”, para decirlo en palabras del superintendente de Pensiones. Si el colapso se produce, el traslado de los jubilados al Presupuesto Nacional desencadenará la tragedia fiscal definitiva.
El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte está dejando de ser un sistema de capitalización para convertirse en uno de reparto. Los intereses del fondo son utilizados para pagar pensiones y un estudio de la Supén encontró la existencia de un déficit en 13 de los 19 meses analizados.
La más reciente contribución del principal partido opositor, aparte de su responsabilidad en la paulatina construcción de la crisis, es la defensa de una reforma para facilitar el traslado de 4.000 docentes al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, con un costo de ¢505.000 millones, si se le cree al Ministerio de Hacienda, y de “solo” ¢250.000 millones, si se acepta el cálculo de la diputada Sandra Piszk.
En tres meses de administración, hemos gastado buena parte de los ingresos imaginables del plan fiscal que el Gobierno se comprometió a no aplicar antes de cumplirse dos años de su mandato. No hay progreso en el frente de las pensiones y, si se aprueba la iniciativa liberacionista, morirá toda esperanza. ¡Aviados estamos!