La polvareda levantada por la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes no debe nublar la vista del trascendental trasfondo del escándalo. La pista del aeropuerto Daniel Oduber exige reparaciones desde el 2015 y no haberlas ejecutado es una irresponsabilidad indescriptible.
La pista ha funcionado hasta ahora, es decir, ha superado periódicas inspecciones de autoridades aeronáuticas internacionales, pero un país con la suerte echada en el turismo no puede darse el lujo de esperar al surgimiento de una objeción contra su segundo aeropuerto en importancia.
Liberia figura como destino y origen en las pantallas instaladas para el seguimiento de vuelos en las terminales de grandes aeropuertos del mundo, y para permanecer en ellas el principal requisito es el apego a normas de seguridad. El celoso cumplimiento no da margen para el inicio del deterioro.
Un evento catastrófico, dice un amigo, no debe tener probabilidad alguna de suceder salvo que se trate de fenómenos de la naturaleza. Ese grado de perfección es imposible, pero como aspiración es la única razonable cuando hay tanto en juego. Un cuestionamiento a la pista liberiana puede costarle al país sumas impensables.
Nada de eso justifica la irregular designación de los trabajos como emergencia y la contratación de las obras por la vía de excepción. Por el contrario, la urgencia desatendida es una condena a la desidia del Estado y la mala fijación de prioridades. En la década transcurrida desde la detección de las falencias, bien se pudieron haber celebrado los concursos previstos por la ley ordinaria para desarrollar obra pública. La actual administración tuvo, a fecha de hoy, casi dos años para hacerlo.
Llegar al punto de crisis para luego sonar las alarmas y contratar por las vías de excepción rara vez producirá buenos resultados. La revisión vehicular, la pista de Liberia, el puerto de Caldera y hasta la frustrada compra urgente de 15 camiones para el Cuerpo de Bomberos, valorados en $10 millones, están entre los problemas apremiantes con soluciones ajenas a los procedimientos normales.
Decisiones de tanta trascendencia no deben decidirse entre la espada y la pared. Esa sería la negación del desarrollo de la contratación administrativa y los medios de fiscalización establecidos para eliminar la corrupción. Ese grado de perfección tampoco es posible, pero, igualmente, como aspiración es la única razonable cuando hay tanto en juego.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.