El INS corre el riesgo de perder ¢5.000 millones por un crédito otorgado a Artelec, y una se pregunta cómo una institución, cuyo objeto principal es el mercado de seguros, otorgó un crédito tan riesgoso y concentrado en una sola empresa. Acierta la junta directiva al solicitar una investigación y establecer las responsabilidades personales correspondientes.
Si bien la legislación permite al INS otorgar créditos, la idea original era que incursionara en este negocio —en complemento a la actividad aseguradora—, para facilitar el acceso a financiamiento para vivienda. Este tipo de préstamos, según las normas internacionales de Basilea, tiene el menor riesgo, bajo la premisa de que lo último que una persona pierde es su casa.
En este caso surgen varias dudas. ¿Por qué el INS regresó, en el 2015, a la actividad financiera, sin ser su especialidad, casualmente varios años después de su cese? Dicha preocupación surge desde el momento mismo en que se ve el tipo de garantías y la concentración del riesgo en pocos créditos, una máxima que en la industria bancaria se respeta.
No es de recibo argumentar que el crédito corresponde únicamente al 0,37% del patrimonio del INS, lo correcto es revisar la concentración en relación con la cartera total. Bajo esa lógica, este crédito podría superar al 50% de esa cartera. Ahí salta a la vista el riesgo asumido.
Un crédito de $10 millones (suma inicial) difícilmente pasa por el tamiz de ser aceptado con una garantía de inventario flotante, por cierto, la más riesgosa de las garantías mobiliarios, y tan solo con un 30% de garantía hipotecaria, que en caso de un proceso concursal sí tendrá prioridad cobratoria.
Se argumenta que este crédito se otorgó por tratarse de un buen cliente del INS. Estará por verse la relación ganancia versus riesgo de este cliente y no hay que ser especialista en matemáticas para señalar que el INS no es el ganador.
Por último, aunque no hay intermediación bancaria, siempre se trata de fondos públicos y vale preguntarse si esta institución, al retomar la actividad crediticia, debió ser sometida no solo a la supervisión de la Sugese, cuya especialidad son los seguros, sino también de la Sugef.
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La autora es politóloga.