Costa Rica es uno de los países que ostentan el “honor” de tener las peores carreteras del mundo, un problema que, junto con el caos vial, afecta la competitividad al aumentar los costos de logística, contaminación, salud y pérdida de horas al ir de un punto a otro.
Cada vez, el gobierno invierte menos en infraestructura y la ausencia de un eficiente transporte público y el crecimiento urbano desordenado obligan a usar los vehículos particulares.
Los problemas de congestión en las carreteras son insoportables. El modelo de planificación, ejecución y administración de infraestructura es obsoleto, pero se sigue haciendo lo mismo y los resultados son frustrantes.
Nuestro modelo de gestión de infraestructura carece de agilidad, planeación, control, gestión y calidad, y no incentiva la eficiencia. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no cuenta con planes operativos para el mantenimiento de puentes y carreteras.
Cada cuatro años, los jerarcas cambian las prioridades y el país se mantiene igual o peor. El proyecto del tren metropolitano se archivó por decisión del entonces ministro Luis Amador. La ampliación de la ruta 27 corrió el mismo destino. La concesión de la carretera hacia San Ramón y Cartago se suspendió. La nueva concesión del puerto de Caldera está en suspenso, mientras los costarricenses pagan elevados costos de carga y descarga causados por los retrasos en el servicio. Así se puede seguir nombrando obras necesarias, pero que cada gobierno cuestiona por aspectos técnicos.
Emprender cambios
¿Habrá que reformar el Conavi? ¿Es necesario crear un nuevo ente rector en materia de infraestructura? Tenemos que revisar la institucionalidad, o la improvisación y los gastos adicionales por no actuar nunca acabarán.
Una práctica incorrecta es comenzar obras sin antes analizar la viabilidad financiera y ambiental, la reubicación de los servicios públicos, cuáles terrenos se deben expropiar, cómo se les dará mantenimiento, etc.
El Estado debe definir cuáles proyectos de infraestructura deben llevarse a cabo mediante el modelo de contratación tradicional y cuáles a través de alianzas público-privadas (APP).
Las APP son un excelente vehículo para dotar al país de infraestructura vial, educativa y sanitaria. Son esquemas para establecer relaciones contractuales a largo plazo entre el sector público y privado, y son ventajosas cuando se estructuran bien, son transparentes y están reguladas.
Las APP son la oportunidad para acceder a fondos privados que crean empleo y traen innovación. Las APP incorporan experiencia, tecnología, conocimiento y agilidad.
Más de 10 países latinoamericanos han empleado las APP sin privatizar, lo cual deriva en una mejora en la productividad y acaba con el ciclo perverso de durar entre 8 y 11 años, en promedio, en la ejecución de proyectos de infraestructura.
Los gobiernos locales e instituciones claves como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Acueductos y Alcantarillados (AyA), principalmente, pueden beneficiarse de las alianzas.
De 21 proyectos de infraestructura vial analizados por la Contraloría General de la Repúblico, en el 80 % se encontraron fallas en algunos de los diseños geotécnicos, geológicos, hidráulicos, hidrológicos, geométricos y topográficos.
Raíz del problema
Cada cuatro años o menos comienza la crítica contra los estudios o planes propuestos por el gobierno anterior, aunque fueran bien elaborados. Así, los diseños deben encargarse de nuevo y esto implica demoras.
Por supuesto, habrá algunos mal hechos, pero en ocasiones basta con correcciones puntuales para no empezar de cero. Para evitar los errores, es necesario recurrir a firmas consultoras reconocidas que se encarguen de las evaluaciones y no descalificar lo avanzado, como se procedió con el proyecto del tren metropolitano.
Dados los graves problemas, lo que se debe hacer es aumentar la participación del sector privado en las etapas de diseño, y cuando estén listos los estudios, efectuar las licitaciones de manera transparente.
Hay que buscar capitalización basada en titularizar los flujos de caja para la creación de un fondo de infraestructura, trabajar en el reciclaje de activos y ser más eficientes en el gasto en infraestructura.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) debe fortalecerse y proveerle buen equipo técnico. El director ejecutivo debe seleccionarse mediante un concurso y nombrarlo por un período de cinco años, con posibilidades de continuar por un término similar.
El director del CNC debe poseer liderazgo, experiencia y altas calificaciones profesionales. Los salarios del equipo técnico deben ser competitivos.
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El autor es ingeniero.