La posición del superintendente de pensiones sobre el futuro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS se puede resumir en una frase: “que no panda el cúnico”. Al menos ese fue el título de una charla que Álvaro Ramos dio en el medio digital Contexto en donde aseguró que no hay nada qué temer sobre la viabilidad financiera de las pensiones en Costa Rica.
La calma que pregona Ramos contrasta con tres estudios actuariales que advierten lo contrario: el IVM se dirige a la quiebra a mediano plazo si no se implementan ajustes de gran calado. Ramos dice que los cambios requeridos no son tan drásticos y se pueden hacer gradualmente. Es más, afirmó categóricamente que “jamás va ocurrir un escenario” en donde la gente se tenga que jubilar a los 70 años, cotizar el 26% de su salario y recibir una pensión del 40% del promedio de sus últimos salarios, a pesar de que así lo planteó un informe de la UCR.
Ramos sostiene que la extinción de la reserva de capital del IVM es algo “trivial” puesto que el sistema puede seguir pagando pensiones con las cotizaciones que recibe. Aun cuando reconoce los cambios demográficos que impactan al IVM, Ramos no aterriza la consecuencia práctica de que este se consolide como un mero esquema de reparto: si en 1970 había 32 trabajadores pagando la jubilación de un pensionado, hoy esa relación es de 7 a 1 y continúa reduciéndose. El monto que aporta cada trabajador debe subir significativamente para sostener a una creciente masa de jubilados.
Por supuesto, entre más aumenten las cotizaciones, más incentivos habrá para la informalidad. Actualmente las cargas sociales –que incorporan los aportes al IVM, al seguro de maternidad y enfermedad, Fodesaf y otros– equivalen a un 35% del salario. El informe de la UCR recomienda un aumento de la contribución al IVM de 16 puntos porcentuales. Es decir, las cargas sociales podrían terminar representando la mitad del salario, lo cual empujaría a más gente al sector informal y aceleraría el deterioro del IVM.
Ramos remató con esta joya: “El concepto de quiebra no funciona en una institución pública”. Según él, el Estado no puede entrar en aprietos financieros. Lo que ocurrió en Grecia, Argentina e incluso en nuestro país en 1980 parece ser un asunto de mera ficción. Con tanta irresponsabilidad al frente de la Supén, no podemos esperar cosas buenas sobre el futuro de nuestras pensiones.