La reparación y refuerzo del puente sobre el río Virilla costará $1,5 millones menos de lo invertido hasta ahora en remiendos cuya inutilidad comenzó a notarse días después de ejecutados. Unos $10 millones desaparecieron de las arcas estatales como si el río los hubiera arrastrado.
El dengue también sale caro, sin mencionar el sufrimiento humano. El gasto en atención médica, fármacos y horas laborales perdidas pudo haber sido menor, si las autoridades sanitarias hubieran reaccionado con sentido de urgencia.
Según la Contraloría General de la República, la Policía de Tránsito deja de confeccionar partes por ¢5.700 millones al año a quienes conducen vehículos con sobrepeso, pero la pérdida está en otra parte. Las multas no son una fuente de ingresos, sino un medio para imponer respeto a la ley. El verdadero perjuicio consiste en el deterioro de la red vial, cuya reparación no se financia con ¢5.700 millones al año.
Para sumar al insulto injuria, el Consejo Nacional de Vialidad invirtió ¢3.600 millones entre el 2009 y el 2012 en obras de rehabilitación de las estaciones de pesaje, cuya función es ornamental, a juzgar por el informe de la Contraloría.
Los impulsores del Gobierno Digital están felices porque el sistema de compras Mer-Link permitió economías de $10 millones en 18 meses. El ahorro se calculó sobre las sumas presupuestadas por un puñado de instituciones pioneras en la adopción del sistema, cuya presencia en el país data de años. Faltan muchas, entre ellas varias de las de mayor presupuesto, merced a la proverbial lentitud del Estado. Las oportunidades de ahorro perdidas son materia de especulación, pero hay $10 millones ahorrados para fijar un punto de referencia.
La trocha fronteriza, todavía intransitable, costó $45 millones. No todo es desperdicio, porque hay infraestructura aprovechable, pero, entre corrupción y chambonada, las pérdidas son asombrosamente millonarias.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se apresuró a girar $50 millones para el proyecto de ampliación y modernización de la refinería en Moín, pero la Contraloría metió freno a los planes, diseñados en conjunto con la empresa china del ramo. Hay muchas dudas sobre los estudios, cuya elaboración se inició hace años.
Nadie disputa los elementos de este inventario. Son incontrovertibles y la fuente de la información, en cada caso, es un despacho del Estado.
Se me acaba la columna y crece el asombro. A fin de cuentas, no he escrito más que un resumen de la edición de La Nación del viernes pasado. Evité la tentación de repasar archivos en procura de ejemplos. Tampoco es necesario explicitar las conclusiones, porque son inevitables.