Una directriz del Ministerio de Vivienda cambiará los criterios para seleccionar a los beneficiarios de proyectos de bien social.
La orden crea prioridades para que las personas en mayor necesidad sean quienes reciban casas en las urbanizaciones financiadas con fondos públicos.
“Siempre se ha dicho así, pero no se ha cumplido, porque 15 días después de abrir un proyecto de vivienda aparecen un montón de automóviles parqueados. Algo estábamos haciendo mal, y eso es lo que queremos corregir", dijo Rosendo Pujol, ministro de Vivienda.
La directriz responde a varios informes de la Contraloría General de la República (CGR), según los cuales se han entregado casas a personas que no tenían una necesidad grave.
Los nuevos criterios sólo aplicarán a proyectos de vivienda, que cada año benefician a unas 2.000 familias. No se afectarán los bonos individuales, que son más (8.000) anuales.
Los montos entregados no variarán de ninguna manera, pues la iniciativa solo pretende mejorar la selección de beneficiarios, según Pujol.
Prioridades. La directriz estará en consulta pública hasta el próximo miércoles. El documento dicta que los proyectos de vivienda deben atender, en primera instancia, a población residente en zonas de riesgo de desastres, familias que deben ser desplazadas para construir obra pública y miembros del registro de beneficiarios de las ayudas estatales.
También, a quienes participan en la estrategia de combate a la pobreza Puente al Desarrollo, que coordina el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Entre esa población objetivo, debe darse prioridad a los damnificados por emergencias, hogares con adultos mayores o personas con discapacidad y a quienes viven en tugurio o precario. Serán urgentes los casos que tengan dos o tres de esas condiciones.
Los proyectos para dar techo a familias pobres representan el 35% de los recursos estatales para vivienda, debido a que son grandes construcciones que además de casas requieren más infraestructura pública.
El Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi) tiene hasta el 30 de junio para elaborar el protocolo que permita aplicar los nuevos criterios.
El próximo viernes, las autoridades del Ministerio de Vivienda se reunirán con entidades autorizadas y constructoras para conversar y que ellos expongan inquietudes.