Los vecinos de calle 78, ubicada en el límite entre Rohrmoser y Nunciatura, en Pavas, estarían obligados a sufragar la mitad de los costos de la intervención urbanística que realiza la Municipalidad de San José en esa vía.

El Ayuntamiento plantea recargarles esos costos mediante la figura de “contribución especial”, tomando en cuenta los intereses del préstamo para financiar las obras.

De esa manera, los residentes tendrían que sumar un monto variable —según el valor fiscal de su propiedad—, en el pago trimestral de impuestos municipales por los siguientes 10 años.

Las obras representan una inversión de ¢1.200 millones, de los cuales los vecinos aportarían la mitad en 40 cuotas.

Esa decisión provoca el rechazo de decenas de inquilinos de torres de apartamentos, así como de empresarios y vecinos con negocios y viviendas a los lados de la vía.

Mauricio Bolaños, vecino y presidente de la Junta Directiva de uno de los condominios, aseguró que las intervenciones son parte de las obligaciones que tiene cualquier gobierno local, por lo que se oponen a hacer aportes.

“Consideramos que no debemos aportar absolutamente nada. El Reglamento de Contribuciones Especiales dice que esto no se puede usar para las funciones normales, comunes y corrientes de la Municipalidad. Aquí lo que están haciendo es arreglando calle y aceras.

“Aceras que están buenas, las que son más viejas solo no cumplen la Ley 7.600, por el tema del cordón para no videntes. La Municipalidad dice que está ensanchando las aceras, pero solo están eliminando el área verde”, aseguró Bolaños, quien vive en uno de los apartamentos en altura.

Consultado por La Nación sobre las críticas contra el proyecto, el subgerente de Provisión de Servicios del Ayuntamiento, Daniel Jaikel, afirmó que la obra urbanística es necesaria debido al mal estado de la carretera, así como por el crecimiento exponencial de pobladores, debido a la construcción de torres de apartamentos.

Jaikel aseguró que la obra no solo contempla arreglar la vía, sino también la ampliación de aceras, la arborización de los espacios verdes, la instalación de equipo inmobiliario y la construcción de bahías de estacionamiento para no obstaculizar el tránsito, pues, según dice, muchos de los edificios no tienen parqueo para visitantes.

Además, aseguró que el mecanismo de “contribuciones especiales”, que cobra a los vecinos una parte de las obras, es la única vía para que la Municipalidad pueda construir proyectos no prioritarios, como en este caso.

“En San José habita toda la escala poblacional, desde lo ultrarico hasta la gente más vulnerable. Entonces ¿cómo ajustamos esas necesidades?, porque lo que pueda ser necesidad para uno puede ser despilfarro para otro. Un caso de ejemplo es justamente calle 78.

“Yo no creo que las comunidades más vulnerables de San José estén interesadas en que la Municipalidad asuma el 100%, invirtiendo en una calle donde se van a beneficiar torres de condominios y una población mucho más privilegiada, cuando ellas tienen necesidades de basura, de seguridad...

“Es cierto que todos tienen el derecho de decir ‘para esto pago mis impuestos’, eso es total y complemente claro, pero también hay un cronograma de prioridades para esos impuestos”, afirmó Jaikel.

No obstante, los vecinos de calle 78 reclaman que la única necesidad que tienen, al igual que el resto de usuarios de esa frecuentada vía, es el arreglo de la carretera.

Además, denunciaron que nunca presentaron el proyecto ante la Municipalidad, sino que el avance del mismo se pactó entre el gobierno local y algunas desarrolladoras inmobiliarias de la zona. También reclaman que solo se cobraría el proyecto a quienes viven frente a la calle pública y no a otros residentes de cuadras cercanas.

Esas dudas son las que llevan a regidores municipales a respaldar a los vecinos de Rohrmoser y Nunciatura. Entre ellas Andrea Rudín y Ariana Sánchez, de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“No tenemos evidencia de que la obra a cobrar por parte de la Municipalidad a los vecinos haya sido una solicitud expresa de la mayoría. Tampoco consideramos que el mantenimiento, reparación o mejora de una calle pueda ser sujeta al reglamento de contribuciones especiales, porque no es una obra nueva en sí.

“Todavía hace falta entender las causas del desgaste de dicha calle y, en caso de que la misma se haya desgastado debido a las construcciones en el sector, es un tema que compete a la Municipalidad en atender los permisos de construcción de la zona y, si hay responsabilidad de terceros, por ejemplo desarrolladoras, pues hacerlas responsables y aplicar los debidos mecanismos”, afirmó Rudín.

¿Cuánto pagarían?

El gobierno local aún no aprueba el modelo tarifario que implementaría para recuperar la mitad de la inversión en esta obra. No obstante, la Gerencia de Provisión de Servicios envió una propuesta inicial que se publicó en La Gaceta el 22 de enero.

De acuerdo con ese modelo, las contribuciones irían desde los ¢256 trimestrales, en el caso de las propiedades de menor valor, hasta los ¢444.000 por cada periodo. Este último caso corresponde a la Embajada de Japón.

Mediante un análisis de los datos públicos, La Nación encontró que el 59% de los propietarios de esos terrenos pagarían menos de ¢10.000 por trimestre. Entretanto, un 31% de las propiedades cancelarían entre ¢10.000 y ¢50.000.

Los restantes, se dividen en un 7% que cancelarían de ¢50.000 a ¢100.000 y un 2% entre ¢100.000 y ¢150.000. Quienes pagarían más de esos montos representan menos del 1% de los propietarios.

No obstante, los vecinos que viven en torres recordaron que pagarán más de lo que aparece en el Registro, pues muchos son propietarios de dos o tres lotes a la vez: el apartamento, la bodega y el estacionamiento.

“Hemos escuchado que debemos pagar entre ¢10.000 y ¢20.000, pero eso no es cierto. Lo hemos analizado y vemos que las que pagan eso son los parqueos o las bodegas de los condominios, cuando usted se pone a analizar los apartamentos el cobro es mucho más alto”, dijo Bolaños.

¿Conflicto de interés?

Vecinos y regidores también cuestionan si existe un conflicto de interés por parte del subgerente de Provisiones de la Municipalidad, quien confirmó ser miembro directivo de la empresa inmobiliaria JKL, que tiene un edificio cercano a las obras municipales.

Jaikel afirmó que no tenía ningún tipo de relación con la Municipalidad de San José cuando comenzaron a construir la torre de apartamentos, ubicada en las cercanías.

“La empresa desarrolló un proyecto en calle 74, pero sí le puedo decir que no tuvo relación el proyecto (municipal) de calle 78 con nuestro proyecto, porque fueron en tiempos totalmente distintos.

“Yo ingreso a la Municipalidad el 20 de setiembre de 2017, cuando yo tengo un documento del 19 de setiembre, un día antes de que entrara, la Municipalidad publicó el cartel para hacer el diseño de calle 78.

“El proyecto de apartamentos empezó su preventa en 2015, inició construcción en 2017 y terminó en 2018. Si tengo algún tipo de relación le puedo contar que vivo en calle 74, nunca lo he negado. Tengo que existir que no existe conflicto de interés porque no formaba parte de la Municipalidad cuando empezó el proyecto, además mi única participación es ser miembro de la Junta Directiva, al ser un proyecto familiar”, afirmó Jaikel.

La regidora suplente, Ariana Sánchez, afirmó que serán las instancias municipales y legales las que deberán aclarar si existe o no un beneficio para el funcionario. No obstante, afirmó sentirse preocupada por la situación.

“Hace dos semanas en presencia de los vecinos, don Daniel indicó que el proyecto no solamente tendría impacto en esta calle en particular, sino en la zona en general, por lo que se iba a incurrir en la atracción de empresas desarrolladoras para este sitio en específico, por lo que, a pesar de la respuesta de la alcaldía, JKL Desarrolladora podrá tener un beneficio indirecto de este proyecto, es un tema que hay que aclarar”, manifestó Sánchez.