Datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) muestran el deterioro de las políticas para dar vivienda digna a las personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Según esa entidad, 2022 y 2023 fueron los años en que menos metros cuadrados (m²) de vivienda de interés social se tramitaron en toda la historia.
La Administración de Proyectos en Construcción (APC), plataforma en la que registran las obras para su aprobación, contabilizó en 2022: 347.902 m² de construcción y 400.854 m² en el 2023. Esas cifras distan mucho de años anteriores, pues entre 2018 y 2021 el promedio de m² para viviendas de interés social fue de 512.495.
En una conferencia de prensa realizada semanas atrás, Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA, explicó que los proyectos registrados en la APC, por lo general, se construyen entre seis y 12 meses después de su aprobación. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunos de esos miles de metros cuadrados no se lleguen a concretar por diferentes razones.
Carazo manifestó que el aumento entre 2022 y 2023 es un “espejismo”, porque el crecimiento se dio con respecto al año con los registros de metros cuadrados para vivienda de interés social más bajo de la historia.
Los 52.952 m² más entre 2022 y 2023 alcanzan, según el CFIA, para construir 1.260 casas, aproximadamente. De acuerdo con esos cálculos, cada vivienda tendría unos 44 m².
“Seguimos en crisis, es el segundo año más bajo de toda la historia desde que tenemos un sistema financiero nacional para vivienda con bonos de interés social”, subrayó el funcionario.
Los datos relacionados con bonos de vivienda aprobados y otorgados a familias en condición de pobreza o pobreza extrema en los últimos dos años también muestran un descenso importante. En 2022, el Estado entregó 8.369 bonos y en 2033 otorgó 8.222. Esos números son muy lejanos con el promedio de años anteriores, en los que se llegaron a dar hasta 12.000 bonos.
Explicación de bonos de vivienda a la baja
Según Marianela Morales, vocera del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), la principal razón de la disminución en la asignación de bonos se debe a los recortes presupuestarios experimentados, desde 2020, por el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi).
La principal fuente de financiamiento de Fosuvi es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y, según la funcionaria, desde el 2020 se redujeron las transferencias hacia el Banhvi, alcanzando los puntos más bajos desde 1999. El Fosuvi pasó de tener ¢120.700 millones en 2020 a ¢97.200 millones en el 2023, casi un 20% menos.
De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la Creación del Banhvi, el Fosuvi se alimenta, al menos, de un 18,07% de los ingresos del Fodesaf.
Otras fuentes de financiamiento de Fosuvi son las transferencias hechas por la Junta de Protección Social y el impuesto a las casas de lujo.
El dinero de Fusovi se distribuye entre las 30 entidades autorizadas por el Banhvi para gestionar bonos de vivienda, entre las que están Grupo Mutual, Fundación Costa Rica-Canadá, Coopenae y Coocique, entre otras.
Otra explicación del Banhvi a la caída de bonos de vivienda es la implementación del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obras civiles.
Ese argumento es apoyado por la Fundación Costa Rica-Canadá. “Con menos plata podemos hacer menos casas, pero si además las casas son más caras cada año, todavía afecta más”, concluyó Juan José Umaña, gerente general de esa entidad.
También expresó que, en los últimos años, subió considerablemente el costo de los materiales de construcción.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) muestra un optimismo hacia la dinámica del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en 2024, dado que se dispone de un presupuesto de ¢133.000, en comparación con los ¢97.000 del año pasado.