La junta directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) acordó suspender, de manera cautelar, la venta de planes y suscripción de contratos del sistema de ahorro y préstamo (SAP) a personas jurídicas, hasta que la Procuraduría General de la República emita un criterio sobre la legalidad o no de este tipo de ventas.
Esta semana la Contraloría General de la República informó que el 11% de los contratos de ahorro y préstamo de esta entidad fueron desviados a empresas vinculadas a agentes de ventas de esa entidad.
Además, las autoridades de la institución enviarán en un plazo no mayor de cuatro días hábiles el informe de la Contraloría y sus antecedentes al Ministerio Público, para determinar si existe o no un delito que amerite abrir una causa penal.
Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, ordenó a la auditoría interna iniciar una investigación para corroborar si hubo funcionarios del INVU que se prestaron para hacer sobregiros en al menos 53 expedientes de crédito detectados por la Contraloría.
Por último, se abrirá un proceso de contratación de una auditoría externa que debe estar lista a más tardar en abril del 2015.
Esos acuerdos constan en la sesión ordinaria que se realizó la mañana de este jueves en el INVU.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó a La Nación días atrás que están dando seguimiento a este caso.