Dentro de pocos días, estar en regla para realizar arreglos menores en la casa dejará de implicar una inversión económica y de tiempo para tramitar el permiso del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Tras la reforma a la Ley de Construcciones que se aprobó en la Asamblea Legislativa a inicios de mes, estarán exoneradas de ese requisito todas las obras que cuesten hasta diez salarios base, monto que para este año corresponde a ¢4,2 millones. El salario base actual es ¢422.600.
En ese rango entrarían, por ejemplo, la construcción de pequeños muros, el cambio de latas del techo o la colocación de pisos cerámicos.
No obstante, incluso para esas intervenciones, será obligatorio someterse a las disposiciones que se establezcan en cada cantón, pues todas las municipalidades deberán emitir un reglamento de construcción de obras menores.
Marco Redondo, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) que impulsó la reforma en el Congreso, considera que de esa forma se reduce la inversión que se debe hacer para mejorar la vivienda, pero a la vez se garantiza que las obras se hagan con seguridad y dentro de la formalidad.
"Los reglamentos pueden decir hasta donde se debe llevar la tramitología con cada uno de los diferentes tipos de construcción (...) No es lo mismo las obras menores que se hacen en una zona urbana, como por ejemplo en Escazú, a aquellas que podemos ver en territorios rurales como Upala, y eso se definirá en manos del municipio", explicó Redondo.
La normativa vigente data de hace 50 años y exige que todas las construcciones cuyo costo supere los ¢5.000 paguen los permisos del CFIA, por lo que muchas familias optan por hacer los arreglos a escondidas de la municipalidad.
Exonerar de ese requisito, dijo Redondo, implicará que las familias se ahorren hasta un 5% del valor del proyecto.
Aun así, en opinión de Viviana Rojas, asesora técnica de la Cámara Costarricense de la Construcción, es importante que todo arreglo se haga con la asesoría de un profesional, para garantizarse que se haga de forma correcta.
Las municipalidades tendrán seis meses a partir de la publicación de la ley en el diario oficial La Gaceta para elaborar los reglamentos.
"Una de las cosas que nos hemos estado tratando de plantear es ver si podemos generar un espacio en donde podamos reunir a las unidades que están encargadas de las autorizaciones de urbanismo para que, justamente, se logre establecer un canon mínimo para esa reglamentación, para que ante todo garanticemos la seguridad de la ciudadanía", dijo Redondo.