Este domingo, a las 11:45 a. m., la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, les declaró la guerra a los diputados Ottón Solís y Epsy Campbell, del partido de gobierno.
En una publicación de Facebook, la jerarca muestra su enojo con los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) que ella representó también desde una curul en el periodo anterior, y los reta a acusarla "como Dios manda".
Según la jerarca, tanto Solís como Campbell insisten en señalarla como "corrupta" por haber recibido el pago del incentivo por prohibición durante más de un año, pero les exige que demuestren que actuó corruptamente.
" Pero si uno de estos dos –Ottón o Epsy– o cualquier otra persona logran demostrar que soy corrupta y sinvergüenza, no solo deberé renunciar, sino además, ser llevada ante la justicia", escribió la viceministra Muñoz.
Carmen Muñoz recibió, durante el primer año de su gestión como viceministra, un sobresueldo de casi ¢900.000 como incentivo para no ejercer liberalmente una profesión, tal como lo establece la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Sin embargo, ella no tiene ningún título ni profesión, por lo tanto no tenía derecho a ese plus salarial.
En su publicación, la viceministra insinúa que ni Solís ni Campbell podrían demostrar que ella pidió ese pago, ni que alguien antes de ella –ni medio de comunicación ni persona alguna– denunció ese pago, ni que hay algo ilegal en el arreglo de pago.
Ese arreglo establece que ella está devolviendo ese sobresueldo de ¢11 millones en tractos de ¢320.000 al mes. A la fecha, la viceministra asegura haber cancelado ¢6.868.198.
Además, Muñoz dice que los diputados del partido de gobierno tampoco tienen capacidad para demostrar que no hubo investigación interna ni sanciones, e insiste en que el error es de la jefa de Recursos Humanos que en ese momento tenía el Ministerio de Seguridad, Nuria Villalta.
La Nación le consultó a la viceministra la razón de retomar el tema un año después de que se investigó el caso en la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea.
"En las últimas semanas, por ejemplo, don Ottón concretamente mencionó en el plenario que, si no había sancionados por este hecho en el ministerio, es una seña de que es corrupción y señaló que yo le había dado un ascenso a la jefa de Recursos Humanos. Son puntos de partida equívocos que al final se concluye. Usted debe saber que para que lo señalen a uno de corrupción deben tener las pruebas", dijo Muñoz por vía telefónica.
De hecho, hace una semana, Solís aseguró en el plenario del Congreso que tanto Muñoz como la viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, debieron renunciar de inmediato, al conocerse sus sobresueldos.
Recomendó destitución
"Firmamos un dictamen muy duro pidiendo la destitución inmediata de Carmen Muñoz, y hasta el día de hoy lamento que se perdonara tal sinvergüenzada, porque aprovecharse del poder en una institución para lograr que se le incremente el salario de esa manera no es correcto", dijo Solís, el 20 de febrero, en el plenario.
Este lunes por la mañana, el diputado fundador del PAC recordó que en el informe presentado en abril del año pasado se pidieron las medidas más duras contra Muñoz.
Ese documento lo firmaron Mario Redondo, presidente de la Comisión de Gasto Público; Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense; Humberto Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Solís.
Al contrario de ellos cuatro, la recomendación de Antonio Álvarez Desanti y Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), y de Jorge Arguedas, del Frente Amplio, fue la de archivar el caso.
"Me parece que no podemos presumir que todos los políticos son corruptos, que todos los funcionarios públicos son ineficientes y, sinceramente, me parece que estamos cayendo en una enfermedad y en una actitud, donde tenemos que ver dónde encontramos que los políticos se equivoquen para caerles encima y masacrarlos y, también, los políticos pueden cometer errores", dijo Álvarez Desanti a raíz del caso de Muñoz.
Se intentó conversar con la diputada Epsy Campbell, respecto a los señalamientos que hace Carmen Muñoz, pero no respondió llamadas.
El caso de la viceministra de Gobernación es solo uno de los tres que ha enfrentado este gobierno. El segundo fue el de Ana Cristina Trejos, quien tampoco tenía un título que la acredite como profesional para ejercer liberalmente, y aún así recibió el pago por prohibición.
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La semana anterior trascendió el de Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, quien no posee licenciatura en Derecho ni es colegiada, requisitos para recibir el incentivo salarial.