Transformar una casa en albergue para recibir adultos mayores es un negocio: al menos un hogar ilegal abre sus puertas, cada mes, y sin las condiciones básicas para atender a esta población.
No hay rampas, nutrición, personal capacitado ni permisos del Ministerio de Salud. Cada paciente equivale a una tarifa que varía ¢100.000 y ¢250.000, por mes.
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) registró al menos una denuncia de este tipo por mes, durante el 2013.
Mientras que un albergue con los permisos que exige la ley cobra desde ¢420.000 mensuales, estos sitios clandestinos se ofertan a mitad de precio y sin listas de espera.
“Les interesa llenar los cuartos de una casa y cobrar. Hay a quienes se les advierte del cierre y se trasladan a otro sitio”, explicó Alexandra Villalobos, jefa de la Unidad de Gestión Social del Conapam.
En todo el país, el Ministerio de Salud cuenta con un registro de 89 hogares para ancianos con una capacidad para 2.995 personas.
La Nación comprobó, mediante un sondeo, que las listas de espera llegan a 100 personas y las camas de los albergues están llenas.
“Cada día recibimos, de cinco a 10 llamadas, donde nos solicitan espacios pero hay 40 personas en lista de espera”, dijo Johanna Latino, del Hogar Carlos María Ulloa, ubicado en Goicoechea de San José.
En el Hogar Alfredo y Delia González Flores, en Heredia, la lista del 2013 alcanzó las 100 personas y a la fecha no hay cupo.
“La falta de espacio en los hogares para adultos mayores y la necesidad de ir a dejar al abuelo en cualquier lugar y que salga barato, hace que surjan los sitios clandestinos”, dijo el doctor Fernando Morales, director del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.
Estado crítico. En el 2013, Ministerio de Salud ordenó el cierre de dos hogares en Zapote, debido a que no acataron las normas.
“Hay dos hogares en Zapote. Se llaman Casa Adela y Casa María. Ambos recibieron orden de clausura, porque carecen de los servicios básicos de atención”, aseguró la ministra de Salud, Daisy Corrales.
Una vez que el Ministerio de Salud recibe las denuncias, procede a hacer una inspección en el hogar ilegal. Luego de la revisión se ordena adoptar un plan de mejora.
Para el Conapam, la problemática trasciende las fallas en infraestructura. En ocasiones, los encargados de hogares ilegales maltratan a los adultos mayores.
“En una de las inspecciones que realizamos el año pasado, nos encontramos que una señora estaba comiendo en un plato en el que caminaban cucarachas. Eso es inhumano y muchas veces la gente no denuncia”, expresó Alexandra Villalobos, del Conapam.
La mayoría de estos hogares clandestinos se ubican en la Gran Área Metropolitana (GAM), en lugares como Pavas, Rohrmoser, Hatillos, Zapote y Cartago.
“Se han realizado múltiples inspecciones a estos centros con el fin de regularizar su situación. La idea es crear planes de mejora para que cuenten con la habilitación y puedan atender a los adultos mayores”, dijo la ministra de Salud.
En Costa Rica, la cantidad de adultos mayores va en aumento. Para el año 2025, se prevé que un 16% de la población sean mayores de 60 años, lo que representa un total de 896.300 personas.
“Costa Rica tiene que prepararse si quiere que el envejecimiento no se convierta en una amenaza. Es urgente empezar a trabajar en un nuevo hospital de geriatría, que brinde atención integral”, enfatizó el médico Morales.
Las 144 camas con que cuenta el Hospital Nacional de Geriatría son insuficientes para la demanda actual de adultos mayores. En la última década la cantidad de atenciones de urgencia en el hospital han crecido a una tasa del 6% anual.
Según las inspecciones de Conapam, este tipo de hogares ilegales no saben cómo actuar ante una emergencia: hay hacinamiento en las casas, algunos son solo cuarterías y se contrata personal cuya condición migratoria es irregular y sin conocimiento médico, para pagarles mal.
El cambio de hogar para el abuelo empieza y termina con el pago de una tarifa mensual .